La demanda presentada contra la venta de las acciones de la Fundación a Meriton ha sido desestimada por el juzgado de Primera Instancia número 1 de Valencia, que ha fallado en contra de seguir adelante con el proceso iniciado por el abogado Jaime Navarro que ha actuado en nombre de los intereses de un accionista de la entidad de Mestalla que siempre ha querido que se preserve su anonimato. La demanda presentada contra la Fundación (el ente que vendió las acciones), Meriton (el comprador) y el Valencia ha sido desestimada, dando el juez en esta instancia la razón a los tres demandados, y condena en costas al demandante.
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Con esta decisión no ha terminado el recorrido judicial de este pleito, tal y como ha podido confirmar esta redacción. El despacho de abogados de Jaime Navarro va a recurrir la sentencia a la Audiencia Provincial y también va a remitir un escrito al propio juzgado que ha fallado contra sus intereses al no entender que la sentencia haya llegado antes de que se terminaran los plazos de una vía abierta. El pasado jueves 12 de enero, la parte demandante presentó un recurso sobre pruebas planteadas, en concreto para la investigación del domicilio fiscal de Meriton y de algunos de los consejeros del club, para dilucidar si están asentados en paraísos fiscales. La sentencia ha llegado antes de la resolución de ese recurso y del término de los cinco días que en este caso tenían las partes demandadas para aportar información.
En el recurso a la Audiencia Provincial, la parte demandante va a poner el foco en las estimación que tienen de que el juez no ha entrado a valorar el foco importante de la denuncia, que no es otro que las irregularidades que estiman que sucedieron en el contrato de venta y que no se reflejan en el escrito de la sentencia. Uno de los puntos de la demanda, y que no ha sido aclarado en la sentencia, es la aclaración de objeto social de la empresa compradora o la aclaración de un aspecto que se recoge en la Página 14 del contrato de compra de las acciones de la Fundación, fechado el 1 de diciembre de 2014 y sellado en la notaría de Ana Julia Roselló, donde se reconoce que se había extraviado el título de propiedad de un paquete de acciones que en 1996 llegaron por parte de una donación. La venta se firmó con la totalidad de las acciones que eran propiedad de la Fundación en 2014, incluidos los derechos de estas acciones de las que no se adjuntaron el título de propiedad.
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