Lim desvela el futuro del club con el plan del estadio que presentará hoy a Puig

El 2 de marzo de 2021 no será un día cualquiera para el Valencia. Hoy se juega su futuro. Urbanístico, económico y social. Y, como todo está relacionado, también deportivo. Anil Murthy llegó el domingo a la ciudad tras ser requerido en Singapur por el máximo accionista para dictarle el plan ideado sobre el nuevo estadio. Sólo dos días después ya tiene cita con el presidente del Consell. Será a las 18 horas en el Palau de la Generalitat. Esta vez no podrá ir con las manos en los bolsillos, como ocurrió el pasado septiembre cuando visitó el Ayuntamiento y la sede autonómica. Ahora la exigencia es máxima. La institución pública no atenderá ninguna petición del club blanquinegro que no garantice la finalización de la obra. No le vale un gesto o una intención para facilitar la prórroga de la ATE. Tampoco el aval de una cantidad menor que asegure que las máquinas entrarán en el coliseo de la avenida Corts Valencianes. Si acceden al recinto, no saldrán hasta que finalicen y para ello Murthy deberá detallar de forma creíble y rigurosa cómo y cuándo ocurrirá esto.

Para que la Generalitat acepte debe estar debidamente justificado el interés público -y, consecuentemente, las responsabilidades económicas que el incumplimiento produciría-, y ello sólo se logra con acabar con garantías el nuevo estadio y la entrega de las obras del pabellón que tienen que poner a disposición de los vecinos. Y ese interés público, además de ser el que ya en su momento sirvió para argumentar la aprobación de la ATE de 2015, vendría justificado, además, por la imagen para la ciudad de desidia que supone tener un estadio a medio acabar.

Una prórroga de la ATE supondrá la tercera concesión al Valencia. La Actuación Territorial Estratégica es una figura especial de gestión, recalificación y beneficios urbanísticos y económicos para un proyecto y una entidad por causa de gran interés público. En esta calificación está la del club, la que se solicitó en 2012 y la que se mejoró en 2015. Peter Lim, cuando se hizo con el control accionarial del club, se garantizó no tener obligación por contrato de acabar el nuevo Mestalla. Pero sí era conocedor de que tenía una obligación legal, que era acabar el nuevo Mestalla antes del 15 de mayo de 2021. Le constaba que no hacerlo tendría consecuencias para la entidad. Desde octubre de 2014 que compró el club ha desperdiciado seis años y medio para acabar el estadio pese a que la ATE era muy generosa: 39.855 metros de edificabilidad terciaria hotelera o comercial junto al recinto de Corts Valencianes y 55.700 m2 de residencial y 41.500 de centro comercial en la avenida de Aragón. El 15 de mayo de 2021 se cumple el plazo y ni va a estar acabado el nuevo coliseo, ni el polideportivo de Benicalap. Si el Valencia no consigue seducir a Puig para que tenga un gesto de buena voluntad y prorrogue la ATE, las autoridades están obligadas a tomar decisiones para no cometer prevaricación.

El problema es que la vigilancia que habría sobre Meriton también se ha extendido por añadidura y responsabilidad hacia el Consell. Por eso, y aunque esta tarde todos apuesten por una fotografía de felicidad por lograr desatascar de una vez por todas el callejón sin salida en el que se había metido el club, sobrevuela principalmente la seria advertencia de un sector de valencianistas de acudir al juzgado ante lo que consideran una actuación inapropiada por parte de la Generalitat Valenciana. La ATE se puede prorrogar -según consideran incluso los propios políticos-, el problema es que al haberse desbordado los plazos hay versiones que ven indicios suficientes para abrir una causa en el juzgado de lo contencioso. Es más, algunas informaciones recogidas por LAS PROVINCIAS apuntan a que también se iniciaría una vía penal en el mismo momento en el que la ATE desbordara ese 15 de mayo próximo.

Expertos jurídicos, que son reconocidos valencianistas, entienden que la Generalitat cometería una grave irregularidad al permitir al Valencia como entidad una vía de escape estirando la ATE, independientemente de las garantías que pudiera aportar en la cita de esta tarde Peter Lim para terminar obras que afectan a la ciudadanía como, por ejemplo, el pabellón de Benicalap. El Valencia, al no haber cumplido con las obligaciones que tenía desde el mismo momento en el que se aprobó la ATE, debería asumir las consecuencias, según entienden, al igual que la Generalitat de no cometer el error de modificar los acuerdos que ya quedaron establecidos en 2015.

Si finalmente la Generalitat no atiende la petición del Valencia de prorrogar la ATE, el proceso conducirá a una declaración de caducidad, que conllevará la reversión, retroacción y reposición de bienes, actuaciones y obras, así como la derogación de previsiones del planeamiento en los términos que resuelva la Conselleria de Infraestructuras.