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JUAN CARLOS VILLENA
Jueves, 30 de diciembre 2021, 00:11
Tras la foto del encuentro entre Ximo Puig y Anil Murthy, que tenía su dosis de pimienta puesto que la última vez que se sentaron ... el presidente del Consell sepultó la credibilidad de Meriton, hoy entrarán en escena los técnicos de la Generalitat y el Valencia para desmenuzar la letra pequeña del proyecto Nou Mestalla, financiado con 80 millones que proceden del fondo CVC y con otros 40 por los que el club deberá presentar avales o garantías a la Generalitat y que, en el dossier entregado por Murthy y el vídeo proyectado en el portátil de Inma Ibáñez, podrían llegar desde un préstamo con un banco o fondo de inversión, la venta de los terrenos del actual Mestalla o del terciario que el club calcula entre 15 y 25 millones de euros. Sea la vía que sea, deberá estar en negro sobre blanco y con su aval correspondiente.
En la reunión que se celebrará hoy a las 11 horas -no será la última- se creará una mesa de trabajo para el seguimiento del proyecto. En ella se sentarán por parte de la Generalitat los consellers de Territorio (Arcadi España, PSPV), Economía (Rafa Climent, Compromís) y los técnicos de otros departamentos del gobierno valenciano con competencias en diversos contenidos del proyecto. Por el Valencia integrarán el grupo de trabajo Inma Ibáñez, directora financiera, Christian Schneider, director de operaciones e infraestructuras, Jorge García, director de marketing, y Germán Cabrera, abogado y secretario del Consejo.
En el caso de que se dé validez al proyecto presentado por Meriton, la gran decisión que debe tomar la Generalitat es si encaja, o no, ese nuevo dossier en la ATE. La actuación urbanística comenzó su expediente de caducidad el 19 de noviembre pero dejó la siguiente vía abierta: «En el caso de que el promotor de la ATE presente en el plazo de 90 días una propuesta creíble y garantizada financieramente para finalizar el estadio y otras previsiones incorporadas en la ATE la Generalitat, en el caso de que el Consell declarara la caducidad, aplicaría la competencia expresamente otorgada por el artículo 5.3 de la Ley 1/2012, de decidir si se derogan o no las previsiones del planeamiento aprobado con ocasión de la tramitación de la ATE. En los términos en que viene recogida en el citado precepto, dicha potestad abarca la posibilidad de derogar unas previsiones y mantener otras, todo ello de forma motivada y basándose en el interés general y en el ejercicio legítimo de la potestad discrecional de aprobación del planeamiento que recoja la ordenación estructural».
Es decir, el ente autonómico dejó abierta la posibilidad de salvar los beneficios urbanísticos de la ATE (55.769 metros cuadrados de suelo residencial y 41.456 para zona comercial en el solar del actual Mestalla). Ese es el escenario que defiende el Valencia y es por ello que Anil Murthy volvió a repetir el martes tras la reunión con Ximo Puig que esperan reanudar las obras del estadio en septiembre de 2022. Eso sólo se podrá conseguir si el expediente de la ATE sigue vigente y no hay que solicitar nuevas licencias partiendo de cero. En ese escenario sería retomar una actividad parada desde hace trece años, no una actividad nueva.
La abogacía de la Generalitat, en su dictamen, instó a anular la ATE por su incumplimiento y abrió la vía del cambio de promotor. Al respecto, la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo, Sandra Gómez, se manifestó el martes: «Estoy contenta al ver que la propiedad ya habla de comenzar las obras. Pero quiero hechos... La obligación de la propiedad continúa vigente, viene de un convenio. La ATE era la recalificación urbanística del viejo estadio. Si cae la ATE tenemos el Plan Urbanístico de 2007 y sería lo que recalificaría esa zona (se refiere al viejo Mestalla). Eso conlleva un espacio residencial». La oposición a Lim sigue argumentando que paralizar el expediente de anulación de la ATE por el nuevo proyecto sería, directamente, una prevaricación por parte de la Generalitat. «Dudo mucho que Anil Murthy o Inma Ibáñez convenzan a Ximo Puig para que cambien los acuerdos del Consell. El acuerdo de la Generalitat es resolver por incumplimiento y caducar. No tiene más salida que cumplirlo porque es una resolución del Consell. No se puede incluir ese nuevo proyecto presentado en la ATE, no creo que la Generalitat cometa ese error», manifestó ayer a este periódico el abogado Pablo Delgado, de De Torino a Mestalla. Si el nuevo proyecto se hace al margen de la ATE, el tramite de las licencias puede durar «entre 3 y 6 años».
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