La Fiscalía ha enviado al juzgado la investigación abierta el pasado lunes sobre los hechos acaecidos durante el Valencia-Real Madrid del domingo en Mestalla. La decisión adoptada por Susana Gisbert, la fiscal encargada de los delitos de odio en la capital del Turia es un mero trámite burocrático después de la denuncia ya presentada por la Liga ante el juzgado.
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En un principio, Gisbert había decidido de oficio abrir diligencias para investigar si los insultos proferidos hacia Vinicius podían incurrir en un delito de odio. Con la denuncia por parte del departamento presidido por Javier Tebas, el ministerio público se ve obligado a trasladar las diligencias al juzgado.
Ahora será el magistrado el que prosiga con las diligencias para determinar si los insultos dedicados al futbolista Vinicius constituyen un delito de odio. Por el momento, han sido identificadas tres personas por haber dedicado presuntamente insultos racistas al jugador brasileño. Tras los hechos, el Valencia ya anunció que los responsables iban a ser expulsados de Mestalla de por vida.
De forma paralela, el Comité de Competición impuso al Valencia un castigo severo de cinco partidos de clausura parcial del estadio: esto es, la Grada Mario Alberto Kempes, desde la cual se escucharon los insultos racistas que fueron puntuales. En las últimas horas, desde todos los estamentos, no sólo futbolísticos, se han realizado todo tipo de declaraciones y de expresiones en contra de la xenofobia, tanto en el balompié como en el resto de ámbitos de la sociedad.
El Valencia, por su parte, considera que la sanción es excesiva, por lo que va a acudir a todas las estancias para reducirla o, incluso, que le sea retirada. Por el momento, ha recurrido a Apelación, solicitando la suspensión cautelar para que la grada de animación pueda estar poblada para el partido del domingo ante el Espanyol, que puede ser decisivo para la permanencia.
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En caso de no prosperar este recurso, al Valencia le quedaría el TAD para agotar la vía deportiva. El club de Mestalla se plantea acudir a la justicia ordinaria en caso de que ese último estamento mantenga la sanción tal como la ha impuesto competición. En ese caso habría que acudir al tribunal de lo contencioso administrativo y el final del camino sería el Tribunal Supremo. El Sevilla, en un caso similar (insultos a Sergio Ramos), ha estado litigando durante seis años y finalmente cumplió el castigo durante el partido contra el Celta del pasado Viernes Santo.
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