La guerra entre el Valencia y la Federación Española ya se prolonga cinco años

Estas tienen su origen en 2019, pero en este lustro ha habido otras decisiones que, desde luego, dan que pensar. Como la sanción a Gayà, en 2022, tras un polémico arbitraje frente a Osasuna. Al capitán del Valencia le cayeron cuatro partidos y una multa de 602 euros por deslizar: «El árbitro lo ha visto y no ha querido pitarlo». El de Pedreguer tuvo que cumplir el castigo mientras, otras frases con un trasfondo similar quedaron sin castigo: «El árbitro buscaba el hat-trick de Bezemá» (Iago Aspas) o «el 85% de los árbitros son madridistas)» (Gerard Piqué).

En 2023, Competición castigó con el cierre parcial de Mestalla tras el Valencia-Real Madrid de 2023 en el que Vinícius escuchó insultos racistas. La sanción fue en principio de cinco partidos, pero se redujo a tres, que se cumplieron a inicio de esta última temporada. Curso en el que se indultó al Coliseum tras los cánticos que escuchó Acuña durante el Getafe- Sevilla.

Pero es que ahora la decisión adoptada por la Federación Española es aún más grave. En esta ocasión se perjudica a Valencia, apartándola de un evento que se va a costear con miles de millones de dinero público. Dinero que recauda el Gobierno central de ciudadanos de todo el país, entre otros lugares, de la Comunitat. Y más allá de Barcelona, el Mundial de 2030, tal y como lo plantea el ente presidio por Pedro Rocha, pasaría de largo del Mediterráneo español.

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Moisés Rodríguez

Como ejemplo de esto, el Gobierno ya aprobó el Real Decreto 1034/2022 de 20 de diciembre para regular la subvención a la Federación Española para la preparación de la candidatura al Mundial. En ese texto ya se estima que por cada millón de euros de inversión en el Mundial se generarán en España 78 puestos de trabajo a tiempo completo. Esto significaría que solo en España se podrían generar 5.120 millones y 82.513 empleos a tiempo completo. Además, se estima un gasto de 5.500 millones de euros en gasto de los visitantes por el Mundial de 2030.

Es decir, ingresos para la industria turística, uno de los grandes motores de la Comunitat. Por eso las autoridades, sobre todo Ayuntamiento y Generalitat, ya se han puesto en marcha: apelan al Gobierno central ante la decisión arbitraria de la Federación, que ha movido las piezas y ha puesto en jaque el Nuevo Mestalla. Pero no se considera que la situación actual sea de jaque mate. Hay presiones al ente futbolístico, pidiendo explicaciones de que la tercera ciudad del país vaya a quedarse fuera del Mundial.

Y más cuando, al fin, se habían aportado las garantías exigidas para formar parte del proyecto. Pero es que además la propia candidatura ha ido modificando plazos a su antojo. Quizás habría sido hasta comprensible que Valencia hubiera quedado descabalgada a principio de año. Pero ahora no es justificable que se la excluya por tardar dos días de más en enviar un mail. Por ello desde la Comunitat se exige la intervención del CSD (Consejo Superior de Deportes).