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Aunque el Valencia aún está en el plazo de la prórroga de 90 días que le concedió el Consell para presentar un proyecto viable y avalado para el Nuevo Mestalla, tras llegar al acuerdo de iniciar la resolución de la ATE por incumplimiento, existían motivos externos para demorar el sello del registro a la documentación. Uno de ellos era muy claro, puesto que el Real Madrid, el FC Barcelona y el Athletic, los tres equipos que votaron en contra del proyecto de LaLiga Impulso, pidieron medidas cautelares para congelar la financiación de CVC hasta que existiera una resolución judicial a su demanda contra ese acuerdo. En el ya famoso 'power point' enseñado por el club a las instituciones del proyecto para finalizar el estadio, 80 millones estaban avalados por los ingresos que la entidad de Mestalla recibirá de CVC.
El juzgado de Primera Instancia de Madrid ha desestimado esas medidas cautelares que pedían los demandantes y que consistían en la congelación preventiva de dos de los acuerdos adoptados en la Asamblea de la LFP del pasado 10 de diciembre, los que conciernen a la operación entre LaLiga y el Fondo CVC Capital Partners. En el auto, la jueza considera que suspender esos acuerdos aprobados por 38 de los 42 clubes de Primera y Segunda «supondría la paralización de efectos ya iniciados o ejecutados, sobreponiendo el criterio de una minoría frente a la elección llevada a cabo y consentida por la mayoría». Contra esta decisión, los demandantes tienen 20 días para apelar a la Audiencia Provincial de Madrid.
La hoja de ruta del Valencia, tras solicitar el 24 de febrero las modificaciones en las licencias para reanudar las obras, en presentar en breve toda la documentación en el registro de entrada de la Generalitat. Esos documentos, con el cien por cien de la financiación restante avalada, son los que esperan los consellers de Territorio (Arcadi España) y Economía (Rafa Climent). Uno de los nudos gordianos del encaje del enésimo proyecto del Nuevo Mestalla será la decisión de si puede encajarse en la ATE o no. Un aspecto fundamental puesto que afecta desde la financiación propia del proyecto, la actuación conlleva unos beneficios urbanísticos muy superiores a los del actual mercado en pandemia, y de las licencias, puesto que el escenario será distinto si sólo hay que actualizar licencias ya existentes o si hay que presentar un nuevo proyecto, lo cual dilataría el proceso y no podría cumplirse el calendario, desvelado por Joan Ribó tras reunirse con Murthy, de comenzar las obras en octubre de 2022. De todo ello se habló en la reunión técnica que mantuvieron el pasado jueves el Valencia, con Cristhian Schneider a la cabeza, y el Ayuntamiento, representado por la concejala de Espacio Público, Lucía Beamud, puesto que su área es la encargada de tramitar las licencias.
Otro departamento, el de Urbanismo, tendrá que redactar un informe sobre la ATE para la decisión definitiva de la Generalitat. Sandra Gómez siempre ha repetido que se opone a dar validez, bajo el manto de la actuación urbanística, a un proyecto del Nuevo Mestalla con menos capacidad que el actual. En la documentación que entregará Meriton por registro se habla de un estadio con 46.000 espectadores como obra inicial, ampliable de 67.000. Es decir, que con la financiación actual se terminaría el campo con un aforo menor al que tiene Mestalla. Ayer, Miguel Zorío insistió al Ayuntamiento para que se ejecute la resolución de la ATE: «El promotor del estadio ha incumplido y es inviable, ilegal y entraríamos en un presunto delito de prevaricación, si a pesar de sus incumplimientos, a pesar de no someterlo a penalizaciones, ahora el Consistorio ayudara a Lim a aprovechar las licencias anteriores caducadas».
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