Miguel Zorío exige al IVF y al Valencia que garanticen el pago de la multa por parte de Peter Lim como beneficiario principal

Miguel Zorío, líder de Marea Valencianista, ha solicitado al IVF y al Valencia que garanticen el pago de la multa de 24 millones que le impuso la Comisión Europea. «Tal y como recoge la resolución de la Comisión Europea de 4 de Julio de 2007, en sus artículos 63 (página 23) y 130 (página 38), el beneficiario de las presuntas ayudas ilegales es el nuevo propietario del Valencia CF SAD, Meriton y Peter Lim. Por eso Marea Valencianista espera que desde el club, el presidente, su consejero ejecutivo y su consejo de administración, no incurran en administración desleal de la sociedad».

Miguel Zorío ya presentó un requerimiento al Instituto Valenciano de Finanzas en el que solicitó se tomaran las medidas cautelares que aseguren el cumplimiento de la decisión de la Comisión Europea «y que de forma clara y contundente determina que el máximo beneficiario de la ayuda recibida es Meriton y Peter Lim».

Además en su momento requirió a Layhoon como presidenta del Consejo de Administración del VCF SAD «para que reclamará en orden a su responsabilidad y de conformidad 237 LSC al máximo accionista Meriton, y siguiendo la Decisión de la Comisión Europea 4.7.2016C (2016 4060Final) el abono de las cantidades que como resultado de la referida decisión deba afrontar el VCF SAD en orden a la disposición contenida en el texto de la Comisión Europea que declara 'como último beneficiario de las ayudas públicas al nuevo propietario del paquete accionarial mayoritario del VCF. Siendo además que la citada resolución identifica también como beneficiario de la ayuda a quien ejerce el control directo o indirecto en la gestión nombrando a sus consejeros o mediante acuerdos de financiación'«.

El exvicepresidente del Valencia CF también anuncia que se reservan «una acción de responsabilidad contra los administradores si no ejercen debidamente su deber de defensa de los intereses patrimoniales del Valencia CF SAD y, expresamente, de los accionistas minoritarios, incluso en orden jurisdiccional penal por administración desleal».