El Supremo anula el plan para la nueva ciudad deportiva en Ribarroja

Porchinos vuelve a ser una contingencia multimillonaria y, por tanto, un problema para el nuevo Valencia de Peter Lim. El Tribunal Supremo ha ratificado la anulación del PAI de que incluía la nueva ciudad deportiva y cerca de 3.000 viviendas, tal como ya dictaminó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El fallo tumba la argumentación del recurso de casación que presentaron Litoral del Este, la Generalitat y el Ayuntamiento. Aunque el dictamen puede recurrirse ante el Constitucional, es casi imposible que lo hagan las dos instituciones, dado que en ambos se ha producido un vuelco político tras los comicios de mayo. Tal como publicó LAS PROVINCIAS a finales de mayo, los resultados electorales reavivaban el problema que el club de Mestalla había logrado anestesiar cuando el pleno de Ribarroja, aún gobernado por el popular Francisco Tarazona, paralizó dos años el plan.

Hace prácticamente un año de aquel acuerdo plenario. En ese instante, el presidente del Valencia, Amadeo Salvo, respiraba tranquilo. Al frenar el PAI, se culminaban las negociaciones con los bancos propietarios de los terrenos y se solventaba una contingencia que los abogados de Meriton habían valorado en 100 millones de euros ante el riesgo de que esas parcelas dejasen de estar calificadas como urbanizables. Sin embargo, ahora ese problema ha rebrotado, pues la sentencia pulveriza diez años de tramitaciones. El suelo de la partida de Porchinos vuelve a ser agrícola protegido y el plan urbanístico que impulsó Juan Soler (y que el propio presidente calificó de 'pelotazo') ya no existe.

Así se desprende de la sentencia que ayer valoró la plataforma vecinal Salvem Porxinos, cuya demanda ha desembocado en el fallo del Alto Tribunal. «Creemos que en estos momentos, el PAI está muerto», afirmó el abogado de la asociación, Luis Ferrando. El letrado subrayó que el Supremo no contempla una reanudación de los trámites en caso de que se solventen una serie de errores, como sí preveía el anterior alcalde de Ribarroja. «Sería necesario empezar desde cero», señaló.

Esto, según fuentes consultadas, supondría más de cinco años de nuevos trámites burocráticos y aplicando una legislación diferente a la de 2005, cuando se urdió el Plan Porchinos. «La normativa es cada vez más dura en asuntos medioambientales y también sería necesario un informe de viabilidad económica del proyecto», indicó Ferrando.

El fallo es, en todo caso, un mal menor para el Valencia por el momento en el que se ha producido. Las negociaciones durante el proceso de venta, y que fructificaron en un acuerdo con los tres bancos dueños de los terrenos, evitan que el club de Mestalla se vea abocado a una demanda por parte de estas entidades de 170 millones de euros. Sin embargo, aquel pacto permite ahora iniciar conversaciones y buscar una solución de consenso.

Los terrenos de Porchinos fueron vendidos a la inmobiliaria Nozar, que entró en concurso de acreedores. Los terrenos cayeron en manos de CaixaBank, BBVA y Ceiss. Ahora, el valor de esas parcelas es infinitamente inferior al momento en que el plan Porchinos estaba ya aprobado por el Ayuntamiento de Ribarroja y la Generalitat.

«Aquello se hizo a toda prisa y fue una temeridad», aseguró Ferrando, quien detalló que el Supremo ha rechazado las tres grandes líneas argumentales sobre las que se basaba el recurso de casación contra la sentencia del TSJ. En primer lugar, el Alto Tribunal estima que al adjudicar el plan a Litoral del Este no se cumplió la normativa relativa a la competencia al dejar de publicar el concurso en el boletín europeo.

En lo que se refiere a los recursos hídricos, Ferrando recalcó que no estaban debidamente acreditados cuando se tramitó el proyecto. «El artículo 25 de la Ley del Agua deja bien claro que ha de estar plenamente garantizada antes de iniciar el PAI, tanto a nivel físico como jurídico. Y en este caso, sobre el pozo que se pretendía utilizar había derechos de uso para otras poblaciones y regantes», indicó el letrado.

Con respecto al tercer aspecto, la sentencia se pronuncia sobre la distancia mínima entre la zona protegida de Les Rodanes y el PAI. Esta ha de ser por ley de 100 metros, mientras la separación en este caso es de 25 metros.

Los miembros de Salvem Porxinos mostraron su plena satisfacción por la sentencia del Supremo, que también impone las costas a las dos instituciones recurrentes y a Litoral del Este. Aunque puede acudir al Constitucional, el nuevo alcalde de Ribarroja, Robert Raga (PSPV), reiteró ayer que no va realizar ninguna gestión para que el plan Porchinos sea una realidad. Como publicó este periódico, el nuevo equipo de gobierno de Ribarroja se comprometió por escrito a luchar contra este proyecto urbanístico.