El PP de Ribarroja afirma que ahora no apoyaría el Plan Porchinos

El Plan Porchinos ya es historia. El Ayuntamiento de Ribarroja acató ayer la sentencia del Supremo que anula el PAI ideado por Juan Soler para trasladar la ciudad deportiva del Valencia a Ribarroja y construir a su alrededor cerca de 3.000 viviendas. Asimismo, el pleno municipal aprobó la creación de investigación que, como avanzó LAS PROVINCIAS, rastreará ciertos aspectos de la tramitación del programa urbanístico, especialmente los económicos. La sorpresa fue que ambas medidas contaron con el respaldo unánime de la Corporación, incluido el PP, que siempre había respaldado el proyecto.

Lo que si rechazó el pleno fue la propuesta de Podemos -grupo integrado por miembros de la plataforma Salvem Porxinos- de iniciar los trámites para incluir los terrenos afectados por el PAI en el Parque del Turia, blindándolos así de futuros planes urbanísticos. El equipo de gobierno y Ciudadanos razonó que no pueden apoyar esta medida sin un informe jurídico y económico que detalle las consecuencias generadas por esta decisión.

La línea argumental del PP fue en todo momento defender la gestión realizada desde 2005, pero sí que reiteró que en la situación actual no apoyaría un proyecto urbanístico como el que ha rechazado el Supremo. «Defendemos que el anterior equipo de gobierno siempre actuó bajo la legalidad y pensamos que en 2005 el PAI de Porchinos era bueno para Ribarroja. En estos momentos, en 2015, reconocemos que estaría fuera de lugar», admitió la actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ribarroja, María José Ruiz. La representante popular sí que quiso subrayar: «Seguimos pensando que sería bueno que la ciudad deportiva viniera a nuestro pueblo». La concejala defendió de este modo la gestión del anterior alcalde, Francisco Tarazona, quien apostó por el proyecto hasta el último momento.

La concejala del PP cargó duramente contra el expresidente del Valencia Juan Soler por su ya famosa frase de que el plan Porchinos «es un pelotazo», y después de la cual Francisco Tarazona exigió una mayor compensación económica para respaldar el PAI. «Quien utilizó la palabra 'pelotazo' es un impresentable», señaló la popular María José Ruiz a lo largo de su intervención durante el pleno municipal.

Precisamente se utilizó de nuevo la declaración del expresidente del Valencia, esta vez por parte del equipo de gobierno, para argumentar la creación de la comisión de investigación sobre cómo se tramitó el plan Porchinos. «Cuando se habla de un 'pelotazo' es que hay alguien que se lucra. Queremos investigarlo todo para ver si ha habido puntos negros en todo este proceso», indicó el portavoz del actual equipo de gobierno.

El alcalde de Ribarroja, Robert Raga (PSPV), fue más contundente en una intervención que hizo constar en acta. «La foto del anterior alcalde con un conseller ahora condenado (en referencia a Rafael Blasco) y un constructor imputado (Juan Soler) fue sonada», indicó el primer edil. «Vamos a pedir que se investigue si hubo tráfico de influencias y prevaricación en la tramitación de ese PAI. Asimismo, en su momento el Ayuntamiento pedirá responsabilidades políticas y patrimoniales a los concejales que votaron a favor del plan, así como también se pedirán responsabilidades a los técnicos que firmaron informes favorables», señaló el regidor.

María José Ruiz, aunque apoyó la creación de esta comisión de investigación, pidió que no sea una maniobra para seguirle dando publicidad al asunto de Porchinos. De igual modo, aseguró que el PP se puso a disposición del Ayuntamiento para solucionar el problema generado tras la sentencia del Supremo. Los populares abogan por el «diálogo con todas las partes».

Como se resaltó varias veces en el pleno, la aprobación del plan Porchinos generó al Ayuntamiento más de 20 millones de euros aportados por el Valencia, según el convenio firmado con el propio club de Mestalla y Litoral del Este.

En un principio, en la propuesta de acuerdo para acatar la sentencia del Supremo se incluía considerar roto ese convenio. Sin embargo, a última hora el pleno acordó extraer este punto en beneficio de los intereses del Ayuntamiento de Ribarroja. Y es que tras la anulación del Plan Porchinos el Valencia podría reclamar la devolución de los más de 20 millones aportados. No obstante, Robert Raga siempre ha resaltado que no devolverá un euro hasta que lo ordene un juez. Del mismo modo, considera que como mucho un tribunal podía obligar al Consistorio a restablecer los cinco millones correspondientes al aprovechamiento, pero que el resto es una «aportación voluntaria».