Los partidos del Valencia en los juzgados

Fue en septiembre pasado. El primer gran varapalo para Meriton. El Valencia intentó hasta el final que el Ayuntamiento de Riba-roja le devolviera los 25 millones que en su día le pagó por esa ya olvidada aspiración de establecer una nueva ciudad deportiva en Porxinos. El pelotazo aquel que en su día se le ocurrió a Juan Soler acabó en la nada, en mayúsculas. El TSJ desestimó el recurso de apelación en el juzgado número 2 de Valencia que interpuso Litoral del Este contra un fallo judicial que venía ya de julio de 2021.

La cosa, de cualquier forma, ya tenía su recorrido porque una sentencia primero del TSJ de abril de 2013 y una posterior de ratificación por parte del Tribunal Supremo de junio de 2016 tras un recurso de la plataforma Salvem Porxinos, declaraba nulos los planes parciales y la homologación del proyecto urbanístico, especialmente por «la ausencia de suficientes recursos hídricos en la zona» y por «la falta de concurrencia y publicidad en el trámite del plan urbanístico».

Miguel Zorío se ha convertido, al igual que pasa con Libertad VCF, en un 'martillo pilón' para Meriton. No hay semana que no haga una nota de prensa con acidez. La contienda con el que fuera mano derecha de Vicente Soriano en cualquier caso se remonta a 2015, cuando presentó una denuncia contra Lim, Mendes y Salvo por presuntos delitos económicos. Zorío entendía que Meriton «intentaba convertir en capital lo que en realidad fue una operación de préstamo de 100 millones al club para que el Valencia CF comprara jugadores del entorno Mendes, por precios de nuevo fuera de mercado». En 2017 se juzgó la demanda contra la ampliación de capital realizada por Lim, con aquellos 100 millones que capitalizó y con los que «se había adquirido futbolistas». El ex vicepresidente presentó en enero de 2023 en Fiscalía Anticorrupción y Delitos Económicos de Valencia una detallada denuncia de 29 páginas contra Lim, Salvo, Layhoon y Mendes. El caso Cillessen-Neto y otros fichajes realizados al Benfica, así como varios delitos que van desde la falsedad contable, pasando por la apropiación indebida, administración desleal, corrupción entre particulares y otros delitos societarios cometidos por Lim fueron los hechos que denunció y que finalmente fueron archivados por Fiscalía en junio de 2023.

Otro exconsejero también presentado batalla contra Meriton. Se trata de Antonio Sesé, desde hace un tiempo algo alejado ya del frente anti Lim. Se centró en el empresario de Singapur y en Jorge Mendes, a quienes acusaba de cuatro delitos, alguno como el de blanqueo de capitales está penado con hasta seis años de cárcel en España, en una demanda donde también estabann reclamados Anil Murthy, Kim Koh, Layhoon Chan, Meriton y la sociedad patrimonial de Jorge Mendes, puesto que también se incluían los delitos de administración desleal, imposición de acuerdos abusivos del accionista mayoritario y corrupción en negocios privados. Eso era verano de 2020. La Audiencia Provincial de Valencia desestimó en diciembre de 2020 el recurso de Sesé ratificando en su auto al Juzgado de Instrucción Número 8 que rechazó el inicio penal al no aportar indicios sólidos de delito. La Fiscalía Anticorrupción, antes del fallo de la Audiencia Provincial ya había presentado un informe en el que se oponía a la apertura de una investigación.

Desde luego, Libertad VCF ha sido también bastante constante en el tema judicial. De hecho, todavía está pendiente esa aspiración de colar un consejero independiente y que, a falta de normativa legal, ha sido llevada al juzgado (septiembre de 2023). Antes se vivieron con este colectivo varios episodios, incómodos todos para Meriton porque se desvelaron sueldos y aspectos del contrato de, por ejemplo, Anil Murthy. Libertad VCF presentó batalla por la decisión de la entidad de elevar las acciones necesarias para acceder a la Junta, por los sueldos de los directivos (2,5 millones) y por el préstamo que Lim concedió al club. No fue admitida a trámite. Además, Libertad VCF acudió al Juzgado de Instrucción 11 de Valencia (fue archivado) para presentar una querella contra el consejo por delito societario por denegación de determinada información en relación a la ampliación de capital acordada y la prima de emisión estipulada. El juzgado legitimó a la asociación pero dio la razón al club y Libertad protesto por validar «actuaciones opacas y oscurantistas».

Mediáticamente, tuvo tirón ver en el TSJ a Aurelio Martínez y Amadeo Salvo. Allí los llevaron Pepe Barberá, Dionisio Canales (vicepresidente de Libertad), José Francisco Turpin, Pedro José Morales y Francisco Falaguera. El juzgado número 22 de Primera Instancia tumbó la causa. Consideraban que Salvo y Martínez malvendieron el club a Lim haciendo uso de un «engaño a los miembros del Patronato».