![ATE del nuevo Mestalla | Reunión sorpresa entre Economía, Territorio y Vicepresidencia para abordar la ATE del nuevo Mestalla](https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202106/03/media/cortadas/nuevo-mestalla-kr8G-U140580098731yZE-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
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La Actuación Territorial Estratégica (ATE) Valencia Dinamiza, la que se presentó como la solución al nuevo Mestalla y que ahora hay quien ve como el instrumento ideal para tirar a Peter LimValencia, ha abierto otra grieta en el maridaje entre el PSPV y Compromís ... en el Consell del Botánico. El pulso está echado: la conselleria de Política Territorial, con el socialista Arcadi España, defiende que la decisión de dar por caducada la ATE es suya. Una aspiración que la conselleria de Economía, con Compromís al mando, matiza: la última palabra o el sello que tiene que validar la reversión de la actuación lo tiene que poner el conseller Rafael Climent. Una grieta más tras la ampliación del puerto, la empresa pública de sanidad o la gestión del Covid.
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El artículo que publicó el pasado martes LAS PROVINCIAS sobre las claves de la ATE fue el epicentro de un terremoto que empieza a tener consecuencias. Por un lado, varios altos cargos de Compromís convocaron ayer una reunión matutina por sorpresa para analizar la situación. Una reunión que concluyó con un aviso a navegantes: el informe de Territorio es vinculante pero la última palabra es de la conselleria de Economía, que es la que tendrá que sellar ese documento. El envite de una parte del Consell tuvo la respuesta del concejal socialista Borja Sanjuán, que calificó de «lobistas» a aquellos (Compromís) que están cerca de las posiciones del máximo accionista del club, Peter Lim. Un par de días antes, la vicealcaldesa, Sandra Gómez, ya pulsó entre bambalinas el estado de la cuestión y a qué se debía esa reacción del otro partido que completa el Botánico y el gobierno municipal del Rialto.
La reunión de ayer fue de cargos con peso en Compromís y estuvo liderada por Iván Castañón, secretario autonómico de Vicepresidencia y mano derecha de Mónica Oltra. Junto a él, la directora general de Coordinación Institucional, Marina Aparicio. Por parte de la conselleria de Economía comparecieron el subsecretario de Economía Sostenible, Natxo Costa, y la directora general de la misma área, Rosana Seguí, mientas que del área de Territorio estuvieron la secretaria autonómica de Política Territorial, Inma Orozco, y la directora general, Rosa Pardo.
Más allá del contenido, esa cumbre pesó por la escenografía. La conselleria de Economía espera que el área de Política Territorial remita el informe definitivo sobre la caducidad de la ATE del Valencia que, según las fuentes consultadas, está terminado y firmado, aunque de momento duerme en un cajón. Este periódico se puso en contacto con el departamento de prensa del área de Arcadi España: «Todo sigue sus plazos».
Economía y Compromís saben que su relato no es el más populista pero insiste en que deben cumplir con la norma. El subsecretario de Economía Sostenible, Natxo Costa, defiende que la legalidad está por encima del sentimiento de echar al máximo accionista del Valencia. Para Costa, alto cargo de Compromís, este asunto gira sobre una ATE y no sobre la propiedad de una sociedad anónima. Y ese es el punto de fricción entre los dos socios de gobierno, porque el discurso de los socialistas es considerar la ATE como el camino más corto para echar a Lim del Valencia, que es la lectura básica de la mayoría de la afición. Economía y Compromís creen que al presentar el Valencia un documento de motu proprio con la firme de voluntad de continuar con la ATE se blinda el promotor, que es el club, con cuatro años por delante para ejecutar el plan. El último plazo de la ATE vence en 2025, por lo que caducarla, según Economía, podría iniciar un incierto proceso judicial.
Además, y así consta en el informe del Ayuntamiento, la primera fase de la ATE y única improrrogable, la que iba de 2015 a 2018, está cumplida por parte del promotor. A partir de ahí se inician otras fases, incluida la actual que iba desde 2018 a 2021, que sí que son prorrogables, por lo que Economía considera que al Valencia le asiste la norma para pedir una prórroga. La única penalización que cabe es de tres millones por demora.
La postura de los cargos de Compromís choca con la de los socialistas con Sandra Gómez y Arcadi España. Ayer, en cambio, como avanzadilla apareció el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, que no tiene competencias en la materia. Sanjuán asignó a Compromís (sin citarlo) un comportamiento propio de un «lobby» y apuntó que en el asunto del Valencia «no puede haber una discusión sobre competencias sino de decisiones, y en este caso la de la decisión que tiene que tomar la Generalitat es defender el interés general, que en este caso coincide con el del Valencia y con lo que el Ayuntamiento ha manifestado en su informe». Sanjuán cargó contra Compromís por buscar más la forma para evitar el fondo e insinuó que están al lado de Lim. Por su parte, el vicepresidente de De Torino a Mestalla, Joserra García-Fuster, lamentó que se haga política con la situación del Valencia.
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