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Si María José Catalá cree que para conceder el dichoso convenio sobre el nuevo Mestalla y lanzarse a la carrera del Mundial 2030, el Valencia ... va a sacar la bandera blanca y dejar de batallear por la manoseada ATE en los juzgados... ya se puede ir quitando la idea de la cabeza. Y no porque el club haya dicho en algún momento que no va a aceptar ese requisito que ha expuesto claramente la alcaldesa (tan sólo se ha limitado a decir con la boca pequeña que lo estudiarán sus abogados), sino porque los hechos siguen demostrando que la estrategia del club está condenada a seguir aferrándose al litigio judicial.
Así, con esa gran baza, mantiene tensa y con poco desgaste propio la presión hacia el Ayuntamiento. Por muchas reuniones –técnicas– y buen talante que en apariencia mantengan club y el nuevo equipo de Gobierno, una cosa es lo que se dice de puertas para afuera y otra realmente lo que se piensa de verdad de puertas para adentro.
Es evidente que todos juegan sus cartas. Pero es tan enrevesada y tiene tantas aristas discutibles aquella caducidad anticipada que decidió el Consell aplicar a la ATE, que hasta para los expertos, sean de la parte que seas, el Valencia tiene un buen porcentaje de posibilidades de salir triunfador de las demandas presentadas en el contencioso-administrativo. El varapalo tanto para la administración municipal como autonómica, de llegar a esa situación, sería terrible.
Porque, en realidad, no es una única demanda la que presentó el club cuando recibió la bofetada del Consell. Hay dos en marcha con una conexión directa entre una y otra. Hay una demanda que va contra la denegación de la prórroga –aquella que solicitó con cierto descaro Anil Murthy y de la que salió trasquilado– y otra que ataca directamente a la caducidad de la ATE.
La primera –la que cuestiona la prórroga solicitada y denegada– ya ha terminado su procedimiento y está pues vista para sentencia. En esa batalla está personada Libertad VCF, además lógicamente de Generalitat (Conselleria de Territorio) y Ayuntamiento. Pero no así De Torino a Mestalla, la plataforma que lidera Juan Martín Queralt.
Sin embargo, en la segunda y además de los mismos coprotagonistas sí figura De Torino a Mestalla. Sobre esta demanda –la de la caducidad– es la que se ha conocido ahora el duro escrito de conclusiones aportado por el Valencia cuya bélica estrategia, ya repetida anteriormente en otras situaciones, se fundamenta principalmente en un descarnado ataque hacia el Consistorio, a quien poco menos que responsabiliza única y directamente de que la cuestión urbanística del nuevo Mestalla se haya atascado.
Ahora, y tras el movimiento del club, les toca mover ficha al resto de partes (Ayuntamiento, Conselleria de Territorio y los dos grupos de oposición), ya que cada uno debe aportar su correspondiente escrito de conclusiones. Tienen para ello un plazo de días hábiles. Luego toca por delante una larga espera todavía hasta el dictamen definitivo de la Sala, que podría emitir su fallo en los próximos meses. Nadie se atreve a pronosticar cuánto tiempo debe transcurrir hasta que dicte sentencia, que podría estirarse tanto que seguro mucho antes habrá quedado claro el convenio, las fichas urbanísticas y hasta si Valencia aspira de verdad a ser sede o no del Mundial 2030. Lo lógico es que en lugar de dos sentencias, la Sala emita una sola por la vinculación que hay entre ambas.
Pero no se esperan grandes giros en lo que queda de camino por recorrer. Unos y otros han definido ya cuáles son sus posicionamientos. El Valencia, es más, se ha atrevido a asegurar que dispone del cien por cien de la financiación necesaria para terminar las obras del nuevo estadio, algo que desde el otro bando se contempla como una jugada meramente verbal. «Por mucho que lo digan, no está acreditado», aseguran.
Mientras el club, entre otras cosas, dice que no tiene nada que ver con la no ejecución de alguna de las fases que recogía la ATE (pese a ser el promotor, lo del hotel nunca lo ha considerado un asunto suyo) y que, encima, cuenta al respecto con algunos informes oficiales que vienen a respaldar su versión.
Hay que tener en cuenta también que la Ley que impulsó la ATE (se lanzó para incentivar la inversión privada y por eso ampliaba los beneficios urbanísticos) ya pasó a mejor vida. De hecho, Libertad VCF, entre otras cosas, fundamenta en sus escritos a la causa que el fin que persigue el Valencia es el de obtener esos beneficios extra que permitía la ATE sin gastar un euro.
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