La vida del Valencia, desde hace ya bastantes años, permanece de manera habitual enmarañada por cuestiones judiciales. El último movimiento protagonizado por Ximo Puig es un claro ejemplo de ello. Que la Generalitat no quiera que la problemática de la ATE entre en ... una vía de servicio como la de los tribunales, que haga que el conflicto del nuevo Mestalla se estire durante años –y con el riesgo a una sentencia desfavorable para la administración– es una clara muestra de la estrategia que unos y otros siguen, y que hace que de manera casi constante, el Valencia sea protagonista en los juzgados. Pese a ese deseo del Consell, que ha hecho que tanto la conselleria de Territorio como la de Economía se pongan manos a la obra para llegar a un punto en común con el club, no hay que perder de vista que fue el propio Valencia el que presentó recurso ante la Sala de lo Contecioso-Administrativo del TSJ contra la decisión de la conselleria de Economía de denegar la reorganización de la ATE. La reacción se dio por lógica a nivel institucional, nada que ver con el escozor que produjo a los políticos escuchar de boca de Anil Murthy que el Valencia estaba dispuesto a ir contra la Generalitat en el juzgado si la ATE se echaba abajo. Ese temor generalizado dibuja un escenario incierto, en parte porque en apenas un par de semanas se debe encontrar una solución que complazca a todos:que libere a los políticos de una vez por todas de este 'marrón' y que comprometa al club a hacer un estadio en las condiciones que unos y otros pactaron en su día. No va a ser nada fácil desde luego. Sobre todo porque sobre el Consell pesa la amenaza, por ejemplo, de Zorío –también de De Torino– de denunciar por prevaricación si la ATE no se entierra y se moldea bajo las condiciones que pretende el Valencia.
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Si en la época anterior a Peter Lim fue el abogado Andrés Sanchis el que puso en jaque buena parte de las actuaciones que aplicaba Manuel Llorente y que tenían que ver sobre todo con la ampliación de capital, a Meriton –y en especial al despacho de Germán Cabrera– le ha tocado convivir con una situación en la que los frentes abiertos se han multiplicado de manera considerable. De momento, dicho sea de paso, ha ido superando todos los obstáculos que le han ido poniendo, véase los intentos de Miguel Zorío y Antonio Sesé, por ejemplo. Pero conforme han ido pasando los años y la situación empeorando, los ánimos y las intenciones contra el máximo accionista han ido aumentado.
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Hay una fecha marcada en rojo en el calendario que se ha tenido que hacer el abogado del Valencia: 21 de septiembre. Ese día, en el juzgado de primera instancia número 1 se celebra el juicio por la demanda que presentó Pepe Barberá y que conduce el despacho de abogados Jaime Navarro, y que pone en cuestión la compra de acciones de Meriton a la Fundación. Directo al meollo de todo. Navarro hacía esta reflexión a este periódico: «Consideramos que hay nulidad de pleno derecho y que no vale la compra de 2014». En pocas palabras, en caso de que hubiera una sentencia favorable a este accionista –ya ganó una demanda contra el club en la época de Salvo– habría que retrotraer toda la fotografía a antes de la venta accionarial, con el consiguiente volumen de hechos que se han producido desde entonces. Asusta incluso imaginar un golpe de esa envergadura, no sólo para Meriton sino para el Valencia y la Fundación y todos los contratos que se hayan podido generar. «En Valencia la judicatura cuenta con la suficiente experiencia para anular cuestiones así», apunta.
El Valencia, por cierto, sólo ha presentado como prueba testifical el documento de notaría que recoge la compra accionarial de 2014 pero por la otra parte han sido citados como testigos:Mateo Castellá, Miguel Bailach y Cristóbal Grau (antiguos patronos), y Mariano Durán. «El día que venga un comprador y tenga que salir Lim, retiramos la demanda», aclara el abogado. De manera paralela fueron demandados también Salvo y Aurelio Martínez.
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Juan Carlos Valldecabres
El horizonte para el valencianismo y para Meriton en concreto ofrece tonos oscuros. Aunque la demanda tenga un recorrido de varios años (Audiencia y Supremo), hay otros puntos de atención como por ejemplo los de Libertad VCF, que lleva semanas esperando que se pronuncie el juzgado de lo mercantil número 1, por aquella demanda cursada en tres direcciones y que además destapó en el juicio oral las condiciones del contrato que tenía Murthy como presidente. El juez debe pronunciarse sobre el aumento de las acciones necesarias para acudir a la junta(3.598), el sueldo de los directivos y el préstamo de 16,5 millones que dio Lim.
También Libertad VCF pulsó la tecla de la querella criminal contra el consejo de administración (el de antes, que formaban Anil Murthy, Ser Miang Ng, See Chang, Alvin Yeo, Kim Koh, Ho Chee Raymond Cheah, Khojama Kalimuddin–el nuevo presidente– y Joey Lim). Tiene su origen en la presunta comisión de un delito societario del artículo 293 del código penal, por lo acontecido en la junta general de 2021.
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