El Valencia declara la guerra a la Federación

Hubo un tiempo en el que el Valencia estaba tan dentro de la Federación Española que hasta expresidentes del Valencia como Pedro Cortés y Francisco Roig, por ejemplo, pasaron a desempeñar la función de delegados de la selección española. El primero, de hecho, todavía se mantiene en el cargo junto a Fernando Giner y Vicente Engonga, precisamente dos exjugadores blanquinegros. Pero el Valencia, como institución, está en guerra abierta contra el organismo federativo y tiene toda la pinta de que esa situación belicosa se mantendrá durante bastante tiempo, con la Liga de Fútbol Profesional puesta casi de perfil sobre el asunto. La malformación de la Supercopa a mitad de curso y el posterior reparto económico provocaron tiempo atrás la reacción airada de un Valencia que ahora tiene decidido que va a llevar al organismo que preside Rubiales al juzgado. Mateo Alemany, siempre tan cercano a la LFP, levantó la voz con acidez y Anil Murthy, más adelante, mantuvo la misma línea con un tono más atenuado.

Desde el club se está alimentando desde hace días la idea de que los servicios jurídicos del Valencia están trabajando en la argumentación de la correspondiente demanda. El Valencia siempre ha considerado un doloroso agravio comparativo que los otros tres clubes participantes en este torneo, que en un primer momento le pertenecía a él y al Barcelona exclusivamente, se lleven mucho más dinero. La diferencia es más que importante. El Barça, por ejemplo, que también cayó en la semifinal se lleva 6,8 millones mientras que el Valencia sólo ingresará en total 2,5 millones. El dinero, dicho sea de paso, todavía no ha llegado a la cuenta bancaria blanquinegra y se supone que tampoco a ninguno del resto de equipos.

Los puntos de debate están más abiertos que nunca y las posturas firmes. Hay que recordar que el lunes 25 de noviembre representantes del Valencia y de la Federación se reunieron en la sede del club. La idea de unos y otros era evitar el conflicto y estaba sobre la mesa la petición valencianista de acudir a un arbitraje para que decidiera cuánto debía cobrar. Ese cónclave sirvió para esquivar el citado arbitraje y se extrajo la conclusión de que la Federación se había comprometido a buscar un nuevo patrocinador o en caso de que no lo encontrara pagar al Valencia una compensación.

Al final, ni una cosa ni otra. Es más, regresó el Valencia de Arabia sin haber hablado con Rubiales de esta cuestión y con el mismo cabreo –o más por la derrota frente al Real Madrid– con el que viajó a Yeda. Ahora, la Federación tiene claro que no va a pagar ni un euro más de esos 2,5 millones porque entiende que el club no firmó en ningún momento el contrato oficial que les habían hecho llegar. Ahí empiezan los resquicios legales por los que unos y otros van a pelear.

El Valencia sí que firmó un documento. Pero fue lo que desde Madrid se considera ahora un «contrato de mínimos». A Peter Lim le costó muchos días dar el visto bueno y casi a las puertas de emprender viaje, el Valencia trasladó a la Federación el visto bueno, con la rúbrica de Murthy, pero adjuntando por un lado su disconformidad con el nuevo formato de la Supercopa y, por otro, avisando ya de que se reservaba iniciar el camino judicial para buscar un equilibrio más justo respecto a los otros tres equipos que también habían participado.

El diálogo entre ambas partes es inexistente. Es más, el Valencia argumenta que en aquella reunión de finales de noviembre no se llegó a ningún acuerdo, pese a que los federativos sí que se marcharon convencidos de que las posturas se habían suavizado de tal forma que se podía dar incluso por solventado el problema. El malestar es tal que resulta palpable a la hora de consultar a la propia Federación sobre ese compromiso que existía de buscar el patrocinador o la compensación. Ahora la versión es que no se había adquirido ninguna obligación de nada. Tan sólo, eso sí, la voluntad de ayudar al Valencia aunque se ha optado por considerar que el club la rechazó desde el mismo momento que anunció que se reservaba la opción de acudir a los tribunales.