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Fue justo a mediados de junio cuando la conselleria de Territorio que dirige Arcadi España le dio una vuelta de tuerca al Valencia publicando un informe en el que advertía que el club había sido penalizado con 2,3 millones de euros por el incumplimiento ... de parte de los hitos de la Fase I de la ATE. La sanción puso en evidencia no sólo el endurecimiento del talante de la propia conselleria sino que redujo la confianza que tenía Meriton a la hora de manejar este asunto desde su propia óptica. No sólo no se le aceptaba la prórroga que solicitó Murthy presentando un escrito de 9 folios sin las garantías que las autoridades demandaban para tener seguro que las obras del estadio se iban a reiniciar y terminar sino que encima se le aplicaba un correctivo de cierta consideración. Nada, por cierto, dijo al respecto el Valencia, que todavía tiene pendiente presentar las oportunas alegaciones a conselleria de Economía, cuestión que asegura se materializará en los próximos días.
Ahora, con el informe remitido por la Abogacía de la Generalitat a petición de Territorio, en el que se insta al pleno del Consell a que resuelva la ATE o la otorgue a un nuevo promotor, de nuevo se vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de que desde conselleria se aplique el mismo criterio que la Fase I para penalizar el club por su incumplimiento en la Fase II. Al respecto, expertos consultados por este diario fijan que la multa que le podría Territorio aplicar al club superaría los 65 millones de euros, teniendo como base el montante global de la operación urbanística y los mismos parámetros que se siguieron para sancionar en la Fase I. Al ser considerado el total en 750 millones de euros, la versión que manejan especialistas jurídicos es que el Valencia podría recibir un documento que le dijera que por la demora tendría que pagar esa cifra de 65 millones, algo así como el valor que se le puede dar hoy en día a Maxi y Guedes juntos. Un descalabro para la economía del Valencia, desde luego.
El impacto sería descomunal si el Valencia volviera a insistir en su petición de aplazamiento. Es por eso por lo que el escenario adquiriría una tonalidad que ni quiere lógicamente el propio club ni tampoco los políticos. Una cosa es apretarle las tuercas a Meriton para que acabe el estadio y otra bien distinta pegarle un tiro de este volumen a las cuentas, ya de por sí castigadas, del Valencia.
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Llegar a ese punto se antoja complicado porque las actuaciones de unos y otros evitarán este compromiso. Para empezar, el pleno del Consell es más que probable que se pronuncie en las próximas semanas, quizás cuando acabe el plazo que tiene abierto Economía para que el club presente las alegaciones. La pretensión de Ximo Puig de unificar criterios entre consellerias se ha visto reforzado lógicamente con el informe de la propia Abogacía.
La postura de los servicios jurídicos de la Generalitat tumba de alguna forma la argumentación que siempre se ha sostenido por parte de la conselleria de Rafa Climent de esperar a que los plazos de la ATE se vayan cumpliendo (2025). El Consell tiene ahora vía libre para decidir incluso la entrada de un promotor.
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