El Valencia prevé ir a la justicia ordinaria si no se suspende el cierre parcial de Mestalla

Y a ser posible, el club quiere que el desproporcionado castigo se reduzca o incluso se elimine. Tras una jornada de reuniones, con los servicios jurídicos propios y con otros externos con los que suele consultar asuntos espinosos, el Valencia ha decidido ir a la justicia ordinaria... si no prospera ninguno de sus recursos por la vía de las administraciones deportivas. Es decir, si se queda sin la cautelar para el domingo, se agotará el último paso en la justicia deportiva, el del TAD, antes de continuar con la guerra en los juzgados.

Al Valencia se le presenta otra pelea prolongada y sinuosa (hay que recordar que está abierta una con la Federación por el reparto económico de la Supercopa de España) para tratar de reducir la desproporcionada sanción del cierre de cinco partidos de la grada Mario Alberto Kempes tras los insultos puntuales a Vinicius durante el partido del pasado domingo. Ante la hipotética (y nada descartable, todo lo contrario) opción de que Apelación mantenga el fallo, al Valencia le quedaría la posibilidad de acudir al TAD. Durante este miércoles se debatió entre agotar la vía deportiva en ese estamento o acudir directamente a la justicia ordinaria, a través del tribunal de lo contencioso administrativo.

Y en este sentido, tras decantarse por lo primero, a la entidad presidida por Layhoon Chan se le abre una posibilidad que puede estirar el caso hasta seis años. Hay un ejemplo claro y cercano en el tiempo: el cierre parcial del Sánchez Pizjuán durante un partido, que se cumplió en un encuentro Sevilla-Celta disputado en el reciente Viernes Santo. La sanción venía de la temporada 16-17 y la entidad hispalense decidió pelear hasta las últimas consecuencias. El castigo finalmente se cumplió, pero puede interpretarse que el club fue hasta el final con su idea de que la sanción había sido desproporcionada desde el origen.

Y desde luego, incluso analizando aquel castigo, el Valencia puede considerar lo mismo con el actual fallo de Competición: porque los insultos –censurables sin ninguna duda– fueron puntuales y no de toda la grada, y porque se le han impuesto cinco partidos frente al único encuentro con el que se clausuraron en su día los sectores N11 y N12 del Sánchez Pizjuán. Los hechos ocurrieron durante un partido de Copa del Rey frente al Real Madrid en los que la grada local centró sus iras sobre Sergio Ramos, y más después de que este marcase un penalti a lo panenka y lo celebrase señalándose el dorsal, llevándose las manos a los oídos y mandando callar a la afición.

Al Sevilla los fallos sucesivos fueron llegándole en un mismo sentido: estimación parcial del recurso pero manteniendo la sanción. ¿Y qué implicaba esto? Pues que de forma cautelar se paraba el castigo, pero manteniendo el fallo que Competición había estimado en su origen. El primero que se pronunció en este sentido fue el TAD. A partir de ahí, agotada la vía de los estamentos deportivos, el club del Sánchez Pizjuán decidió ir a la justicia ordinaria, al tribunal de lo contencioso-administrativo.

En 2018 se resolvió del mismo modo, por lo que el Sevilla decidió acudir a la Audiencia Nacional, que en marzo de 2021 falló en el mismo sentido. El final del camino fue el Tribunal Supremo, que en febrero de 2023 tampoco consideró los argumentos del club hispalense. Así, la entidad tuvo que acatar la sanción, pero seis años después de que se la impusiera el Comité de Competición.

La pregunta es: ¿le merece al Valencia esperar tanto tiempo? Parece que al menos a nivel de defender que la sanción es injusta, sí. El Sevilla finalmente tuvo que acatar la sanción en un partido que se celebró en plena Semana Santa. El club hispalense decidió devolver a los abonados de las gradas clausuradas la parte del pase equivalente a un partido, esto es, 18 euros.