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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea asestó ayer un duro golpe al Valencia. Bruselas ha tumbado el recurso interpuesto por el club de Mestalla para esquivar el pago de los 23,6 millones de euros por las ayudas ilegales del estado a los clubes de fútbol. El asunto nació en 2009 -el Instituto Valenciano de Finanzas concedió un crédito a la entidad blanquinegra- pero es ahora cuando resuena con fuerza y pone contra las cuerdas la estabilidad financiera del Valencia. El club, que en el presente ejercicio ha presentado pérdidas por 36 millones de euros y está obligado a vender jugadores el próximo verano para cuadrar la caja, se lleva otro varapalo con la firme decisión de la UE.
Han pasado cinco meses desde que el Valencia recibiera un soplo de aire fresco por parte de Bruselas. En junio llegó al club la notificación de que el Alto Tribunal de la Unión Europea le había concedido la «suspensión cautelarísima» del pago de los 23,6 millones que tenía que acometer la entidad valencianista antes del 5 de julio. El calendario marcaba finales de 2018 y principios de 2019 como fecha para saber algo más sobre la multa y así ha sido. El IVF tiene que poner en marcha una orden de pago y el Valencia, cumplir con el mismo. A la entidad de Mestalla le queda, al menos, una bala: que prospere el recurso de nulidad, procedimiento que se interpuso en octubre de 2016. Esa vía se mantiene con vida.
Bruselas, como hiciera en su escrito de marzo de 2018, vuelve a poner el foco en la figura de Peter Lim. El Tribunal insiste en que el Valencia puede hacerse cargo del pago con el dinero que Meriton ha inyectado en el club. De las dos líneas de créditos abiertas por el propietario, el 30 de junio de 2017 quedaban 54 millones de euros. Un año después y según se refleja en las cuentas del club, el Valencia dispone de 42.
En el auto de la UE se destaca el músculo financiero de Lim como clave para garantizar que el Valencia no entraría en barrena en caso de pagar los 23,6 millones. Bruselas, de hecho, se apoyó en uno de los párrafos de la auditoría del club para reforzar su decisión: «El Valencia (demandante) ha dotado una provisión equivalente a la cantidad indicada -23,4 millones- en la orden de recuperación. En segundo término, el Valencia disponía de dos líneas de crédito que suman 54 millones (ahora son 42) y en tercer término, el máximo accionista proporcionaría apoyo financiero». En ese auto, por cierto, y también en las cuentas del club, se recoge que el Valencia tiene provisionada la cantidad por si la Unión Europea tumbaba el recurso.
Bruselas ha vuelto a apoyarse en el mismo argumento para reclamar el pago al club de Mestalla. Lim se comprometió a un apoyo financiero incondicional al Valencia en el caso de que llegaran los problemas económicos. Además, se refleja que con la adquisición de la mayoría accionarial por parte de Meriton se acababa la incertidumbre financiera del club valencianista. El Tribunal entiende, por todo ello, que el club goza de buena salud económica y que por tanto el pago del dinero no le sitúa en una situación límite. De hecho, Bruselas no atendió en su momento la reclamación del Valencia de que asumir los 23,6 millones le impedía «concurrir al mercado de fichajes en igualdad de condiciones».
La realidad que vive y pone de manifiesto el club es bien distinta. Son varias las contingencias a solucionar (el reinicio de las obras en el nuevo Mestalla y Porxinos, principalmente) a lo que se suma el castigo de la Unión Europea. El Tribunal, es evidente, tiene otra idea respecto a las finanzas del club y ahora se abre un nuevo horizonte (el Valencia presentará alegaciones) hasta marzo, aproximadamente, cuando las partes consideran que habrá una sentencia firme sobre la multa. La noticia cayó como un jarro de agua fría en los despachos de la entidad valencianista, que a media tarde lanzaba un comunicado en el cual recordaba que la «decisión de la Comisión de julio de 2016 es contraria a derecho, pues el club no recibió ayudas públicas ilegales o incompatibles con las normas de la competencia europea».
En el punto 4 del comunicado, el Valencia recalca su sorpresa porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea «no haya apreciado la existencia de urgencia de la situación del club si tiene que hacer frente al pago del importe reclamado». El paso más lógico, si el Valencia finalmente se viera obligado a abonar los 23,6 millones, sería la venta de futbolistas. Cabe recordar que el club debe traspasar activos de la plantilla por 42 millones el próximo verano. Esa cifra obviamente aumentaría en el caso de que el recurso de nulidad interpuesto no prosperara.
La papeleta del Instituto Valenciano de Finanzas, que preside Manuel Illueca, es complicada. El Consell debe garantizar el cobro de una entidad privada como el Valencia, pero siempre ha apoyado al club en su reclamación y va a seguir haciéndolo. «El IVF lamenta la decisión de la instancia judicial europea, así como la demora del recurso de anulación interpuesto por el Valencia hace ya más de dos años», explicaba el comunicado emitido por el órgano público, obligado a «proceder a recuperar el importe. En concreto, 20.381.000 euros, más los intereses devengados que, a fecha de 5 de noviembre de 2016, ascendían a 2.949.523,62 euros». El IVF va a mantener contactos en las próximas semanas tanto con la Comisión Europea como con el Valencia «para garantizar la seguridad jurídica del club y una adecuada interlocución».
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