El Valencia paga los dos últimos millones para tener en propiedad la parcela del nuevo estadio

El 11 de marzo de 2015 fue el primer día de cobro en el Ayuntamiento. El Valencia ingresó 990.846 euros en la cuenta municipal. La manos entrelazadas de la alcaldesa, Rita Barberá, los concejales Alfonso Novo y Cristóbal Grau y los representantes blanquinegros Amadeo Salvo y Kim Koh atestiguaban la firma de las escrituras que cerraban la operación urbanística. La operación se rubricó con pagos aplazados a un tipo de interés del 3,5 por ciento. De la cantidad que debía pagar el club se puso como garantía la zona comercial del nuevo estadio y el aparcamiento subterráneo. En ese momento habían pasado ya cinco años desde el inicio de las obras y nueve desde la signatura del convenio con el expresidente valencianista Juan Soler. Y ayer tuvo lugar el último envío de dinero para que la parcela de 70.000 metros cuadrados pase a manos, de manera definitiva, del Valencia.

El siguiente paso es reanudar las obras. No hay otro. Desde el Valencia insisten en que ese es su objetivo pese a las dudas municipales y de la sociedad pública, que resolver el pago de los terrenos es una demostración de su interés en que se haga realidad el estadio, estático ya demasiados años. Pero la relación entre el la entidad deportiva y el Ayuntamiento no cesa de teñirse de espinas. Y todos están a la espera ahora del fallo de los tres magistrados de la sección 1 de la sala de lo contencioso-administrativo sobre la validación o no de la ATE que cesó en su día el Consell. El veredicto existe pero todavía no ha hecho público. Todos esperan que la magistrada Laura Alabau redacte la sentencia y por fin dé a conocer si la ATE que afecta al viejo y al nuevo Mestalla sigue dormitando en el cajón como un mal sueño del pasado, o si por el contrario el calendario se retrotrae hasta antes de que el Consell decidiera ponerle la puntilla con el sello de caducada.

Y mientras la espera desespera, el Valencia decidió hace unos días no firmar el acuerdo de adhesión que reclamaba la FIFA para optar a ser sede del Mundial 2030, una rúbrica que sí sellaron tanto el Ayuntamiento como el Consell. El club argumenta que ante la inseguridad jurídica generada por la moción municipal (una auditoría externa para verificar cuánto cuesta acabar el estadio), que imposibilita conocer los plazos para obtener la licencia de obras y la fecha en que se someterán a votación en el pleno las fichas urbanísticas, no puede firmar la carta. No quiere arriesgarse a signar un documento vinculante que en caso de ser incumplido acarrearía multas millonaria

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