El Valencia pone en serio peligro la ATE de Mestalla

ADU y el Valencia se han pegado respectivamente un tiro en el pie y lo peor de todo es que han puesto en serio peligro la supervivencia de la Actuación Territorial Estratégica (ATE), esa fórmula que en 2015 y con un plazo máximo hasta 2025 permitió un encaje de bolillos urbanístico que iba a permitir salir del callejón sin salida en el que unos y otros se habían metido arrastrando al viejo y al nuevo Mestalla. La cooperativa, tras conocerse que le ha sido arrebatada la exclusividad, frena todavía más el interés de potenciales clientes y pone aún más cuesta arriba el acuerdo con el fondo de inversión que necesita. El peor parado es el Valencia, que ha dilapidado un año (desde que se anunció el acuerdo con ADU hasta este domingo) y precisamente tiempo –además de dinero– es justo lo que el club no tiene.

Cada vez que el Valencia se ha manifestado sobre el posible incumplimiento de los plazos marcados en su día por la ATE, en su confiada respuesta nunca ha hablado de prórrogas pero sí del interés de los propios políticos en ser condescendientes para solucionar el buñuelo urbanístico de Les Corts. Pero eso tiene sus riesgos. Incluso para el Valencia, que en este caso actúa como promotor y está sujeto como cualquiera a no emborronar la normativa legal.

Y al respecto, ¿qué dice la ATE? «El incumplimiento por el promotor de las condiciones y plazos de ejecución estipulados en la presente Resolución y el Convenio determinará su sustitución, o la caducidad de la ATE, con incautación de las garantías prestadas». Es la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente la que tiene la autoridad final y contundente sobre este asunto. Y aquí vuelve a entrar en juego la política, lo que descubre algunas curiosidades. Fue en 2015 la popular Isabel Bonig –hoy en la oposición– la consellera que firmó la ATE. Y por aquel entonces, entre las más de veinte alegaciones que se recogieron, figuraba la del grupo municipal de Esquerra Unida, que manifestaba una oposición frontal a un buen puñado de las actuaciones previstas.

Aunque el fútbol y más una entidad como el Valencia obliga siempre a los políticos a exprimir su capacidad para el equilibrio, es indudable que el club está forzado a mantener la hoja de ruta ya pautada. Dice Anil Murthy que existen otras alternativas y que el Valencia ya trabaja sobre esas hipótesis, pero con lo de ADU se ha derrochado un año para volver al punto inicial. El filtro que Deloitte había hecho no ha resultado en vista del resultado todo lo efectivo que se suponía en la primavera pasada. El tiempo se le echa encima y siempre se ha dicho que para acabar el nuevo Mestalla se necesitan al menos 18 meses. De momento no ha entrado todavía ningún obrero, y que vuelva la actividad es justo lo que quiere el Ayuntamiento, otra de las partes implicadas.

Zorío: «Que compre Lim»

Las cuentas empiezan a no cuadrar y a estrangular a los protagonistas: cinco años tirados a la basura y otros cinco (hasta 2025) sobre los que sólo se saben las intenciones expresadas por Murthy que reiteró el domingo que el deseo es «finalizar el estadio». Ayer se escuchó la voz de Miguel Zorío, exvicepresidente y voz de Marea Valencianista, recordando y exigiendo que sea Peter Lim el que compre la parcela por 150 millones según «lo anunciado por Amadeo Salvo y Aurelio Martínez» ya que «en caso contrario estaremos ante un presunto delito de fraude de ley ante los accionistas, el IVF, los bancos, el Ayuntamiento y la Generalitat».

Se establecieron en su día dos fases con diferentes apartados. Para 2018 se había marcado el derribo del edificio municipal que estaba junto al viejo estadio y la urbanización de la zona, además de la construcción de un hotel (Expo Grupo) sobre ese mismo terreno. El año que viene (2021) se debía urbanizar el entorno de Les Corts así como la puesta en marcha de las obras del nuevo estadio y de la zona terciaria, sin olvidarnos del polideportivo que tiene que dar servicio a los vecinos del barrio. Para 2023 se tiene que haber demolido el viejo Mestalla, ejecutar el terciario y aparcamiento en el subsuelo, así como otra serie de obligaciones urbanísticas. Y por supuesto, antes de que termine 2025, debían estar finalizadas las torres de pisos del viejo solar.

La Conselleria lógicamente se protegió después y es ahí donde hay una cuestión que podrá ser objeto de litigio. «El promotor ejecutará la primera fase en el plazo de 36 meses desde la entrada en vigor de la ATE. Este plazo será improrrogable», explica la normativa, que luego recoge que el incumplimiento acarrea diferentes sanciones administrativas e incluso la «resolución de la ATE, con incautación de la garantía definitiva».