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Varapalo judicial de 20 millones de euros para el Valencia por Porxinos

Varapalo judicial de 20 millones de euros para el Valencia por Porxinos

El TSJ desestima que la Generalitat indemnice al club por la suspensión del PAI y abre la puerta a que Riba-roja tampoco tenga que pagar

REDACCIÓN

Jueves, 23 de enero 2020, 00:11

El camino judicial iniciado por el Valencia Club de Fútbol para reclamar sus derechos económicos por el PAI de Porxinos se ha visto frenados en seco. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha emitido con fecha 14 de enero un auto al que ha tenido acceso este periódico en el que desestima la reclamación del club de Mestalla y da la razón a la Generalitat y al Ayuntamiento de Riba-roja de Turia, que figuraba como codemandado, en una de las grandes contingencias que soporta la entidad y que lleva años sin resolver.

El club inició una cruzada de 20 millones –19.461.892,10 para ser exactos– contra la Generalitat y de más de 25 millones contra el Consistorio. Por ahora, el recurso contra la Generalitat ha sido desestimado, lo que invita a pensar que el conflicto contra el Ayuntamiento de Riba-roja seguirá el mismo camino. En su día, un dictamen del Consell Jurídic Consultiu ya le dio la razón a la entidad local que preside el socialista Robert Raga.

La empresa Litoral del Este, el agente urbanizador que creó el Valencia para desarrollar el PAI de Porxinos, presentó una demanda en la que reclamaba a la Generalitat más de 19 millones de euros por los gastos de adquisición de suelo no urbanizable en la zona donde se iba a levantar la futura ciudad deportiva más los correspondientes intereses de demora. El Valencia estima que al declararse nulo el proyecto, la Generalitat era responsable de la situación al no poderse recuperar el dinero invertido en un proyecto que incluía miles de viviendas y la futura ciudad deportiva del Valencia. El Ayuntamiento figuraba como codemandado en esta causa.

Todo se remonta a abril de 2005 cuando Litoral del Este se comprometió a la adquisición de 1,6 millones de metros cuadrados en la zona de Porxinos para desarrollar el proyecto urbanístico y deportivo del Valencia. El club respondió así al mandato del conocido como metro por metro. El PAI se aprobó un mes después y en 2007 fue aprobado por el Ayuntamiento y la Generalitat. En 2013, una sentencia del TSJ valenciano anuló el proyecto y la sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo en mayo de 2015. Dos meses después Riba-roja dio por anulado el PAI.

El TSJ estima en el punto quinto del auto firmado el pasado 14 de enero que el sólo hecho de la anulación no implica el derecho al resarcimiento, que es lo que pide el Valencia a las administraciones afectadas. Además, el auto apunta que el hecho de la anulación no modificó los derechos y facultades de la entidad recurrente como la propietaria del suelo que adquirió en el sector de Porxinos. La decisión judicial representa un varapalo importante para el Valencia, que aspiraba a recuperar parte del dinero invertido en la zona.

Litoral del Este puso en marcha un segundo PAI después de la decisión del Supremo que fue tramitado por el Ayuntamiento pero que murió también en los despachos de la conselleria de Territorio. La Generalitat consideró que el segundo proyecto, con más de tres mil viviendas junto a un parque natural, era inviable y por eso también lo tumbó, lo que provocó la reacción judicial del Valencia.

Si la Generalitat no va a pagar los 20 millones reclamados, el Ayuntamiento de Riba-roja también comunicó en octubre de 2018 que no iba a abonar ni uno de los 25 millones que reclama el club por Porxinos y recordó que en 2014, el entonces presidente, Amadeo Salvo, se comprometió por escrito a no reclamar ninguna indemnización al Consistorio si se tramitaba un segundo PAI.

Además, el club obtuvo unas plusvalías por la venta de los terrenos a la inmobiliaria Nozar de cerca de 130 millones de euros. Nozar quebró, la operación quedó en manos de los bancos y el Valencia llegó a un acuerdo con las entidades para abonar 20 millones en el caso de que el PAI no saliera. El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, siempre ha defendido que acudirá hasta la última instancia para defender los derechos de su pueblo. Contra la resolución del TSJ cabe el correspondiente recurso antes de treinta días desde el siguiente día a su notificación.

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