Vecinos de Aielo creen que el contrato del agua podría ser nulo

Después de litigios con el Ayuntamiento ante la negativa del anterior alcalde (José Luis Juan Pinter del PP) de ofrecerles información al respecto, de acudir al Consell de Transparencia y tras conocer que el Ayuntamiento recurrió la resolución de este organismo y que hubo una sentencia favorable al colectivo vecinal tras los recursos interpuestos por el consistorio para continuar negándole la información, piden al actual equipo de gobierno y a su alcalde, Juan Rafael Espí (PSPV) que solicite un informe jurídico para investigar si dicho contrato es legal.

Y es que después de poder acceder al contrato y con el análisis jurídico del mismo que han realizado a título particular, entiende que podría ser nulo y que, incluso, supondría la devolución a los vecinos de cobros indebidos de la tasa.

Entre los puntos que ven susceptibles para acogerse a la nulidad señalan que el contrato fue aprobado en Junta de Gobierno no siendo una materia delegable; que no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia; que en el contrato la empresa se comprometía a realizar inversiones que no ha ejecutado y que la Comisión de Vigilancia que se establece no se ha creado hasta diez años después, es decir, este verano.

Con toda esta información solicitan en noviembre del año pasado en una reunión con el primer edil un informe jurídico para investigar la legalidad del contrato. Ante la falta de respuesta, vuelven a pedirlo por escrito el pasado mes de julio.

La respuesta de alcalde, basándose en las diferentes leyes y normativas legislativas de Régimen Local ha sido que las competencias «eran delegables a la Junta de Gobierno» y que la Asociación no puede pedir un informe jurídico, además de mencionar que la Comisión de Vigilancia ya ha sido constituida.

Una respuesta que no ha convencido al colectivo vecinal. Su presidente, Marcos Cantó, acusa al alcalde de no tener interés en el tema y considera que el consistorio puede solicitar dicho informe al Consell Jurídico Consultivo, «que es gratuito y nos ayudará a salir de dudas».

En caso de confirmarse sus sospechas y ser nulo, entiende que la mejor forma de resolver el problema es llegando a un acuerdo con la concesionaria. «Abogamos no por el pleito, sino por la negociación», insiste.

El presidente de la Asociación de Vecinos indica que una fórmula puede ser que el Ayuntamiento se quede con el servicio y el mantenimiento lo realice la empresa. Eso permitirá, según explica, que no se repercuta en la factura del agua el IVA y otros costes adicionales. «Apostar por otra estructura y con contratos más cortos en el tiempo, que no dejen hipotecados a futuros equipos de gobierno», señala.

Recuerda también que la interpretación de las relaciones contractuales es potestad de los alcaldes y que, por tanto, «tiene la potestad de decidir si está o no de acuerdo con el resultado del informe jurídico», apunta.