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Sesión del pleno municipal de este viernes. Ayto. Alcoi

Alcoi reclama a Aqualia unos ingresos presuntamente irregulares relacionados con el canon de saneamiento

La Agencia Antifraude investiga el posible cobro indebido por parte de la empresa de aguas

P.S.

Alcoi

Viernes, 1 de abril 2022, 11:45

El Ayuntamiento de Alcoi ha reclamado a la empresa que gestiona el abastecimiento de agua potable en la ciudad, Aqualia, la devolución de unos ingresos apropiados presuntamente de manera irregular, y que están relacionados con la gestión del canon de saneamiento de las aguas residuales.

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La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto un expediente tras la denuncia presentada por la plataforma ciudadana Aiguapública. Según su denuncia, Aqualia ha estado recibiendo de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) una indemnización compensatoria que tendría que haber transferido al Ayuntamiento de Alcoi, algo a lo que se comprometió desde el inicio del contrato.

El tema ha llegado al pleno municipal de este viernes a través de una moción formulada conjuntamente por Podem, Guanyar y Compromís a propuesta de la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció. La moción no ha salido a delante debido al voto negativo de los ediles socialistas en el gobierno, así como a la abstención de los grupos Ciudadanos, Vox, y el no adscrito Marcos Martínez.

El portavoz de los socialistas, Jordi Martínez, ha asegurado que dos de los puntos de acuerdo de la moción (reclamar a Aqualia tanto el pago como la documentación necesaria para verificar los importes) ya se había realizado a fecha del pasado 9 de marzo. Lo que no han querido aceptar los socialistas ha sido el punto de la moción referido a la depuración de responsabilidades derivadas de esta gestión. "Esperemos a ver en qué desemboca este proceso. No nos adelantemos a sacar conclusiones precipitadas", ha asegurado Martínez.

La cuantía que Aqualia se habría apropiado indebidamente no se conoce por el momento. Desde la plataforma Aiguapública hablan de una cifra superior a los dos millones de euros, mientras que el portavoz Martínez, aludiendo los cálculos de la Agencia Antifraude , rebaja la cuantía a algo más de 400.000 euros.

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