La investigación de la UE a la Generalitat determinará si ha habido «una tergiversación deliberada o una negligencia grave» en el suministro de datos

La investigación abierta por la Comisión Europea sobre una "posible manipulación" de las estadísticas sobre déficit y deuda públicos elaboradas por las autoridades valencianas determinará si ha habido "una tergiversación deliberada o una negligencia grave" en el suministro de datos.

Así se indica en una respuesta de la Comisión Europea a la pregunta formulada por la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero que pedía saber quién es el responsable directo del envío de los datos y sobre qué ingresos y gastos específicos se extienden las sospechas, según la información facilitada por el PSPV.

Según la Comisión, la investigación se ocupará principalmente, pero no de forma exclusiva, de los gastos sanitarios habidos en la Comunitat, y explica que abrió el procedimiento a partir de la evaluación de una serie de fuentes "especialmente los informes públicos" del tribunal de cuentas de esta comunidad (Sindicatura de Cuentas).

Señala que en la Comunitat la autoridad correspondiente para transmitir los datos de cuentas públicas es la Intervención General de la Generalitat.

Posteriormente la Intervención General de la Administración del Estado transforma estas cuentas en cuentas nacionales y las traslada al Instituto Nacional de Estadística (INE) que, por último, las envía a Eurostat, según la respuesta de la Comisión.

Cuando la CE anunció la apertura de la investigación, el Gobierno valenciano explicó que se refiere a datos de 2011 y ejercicios anteriores, cuyas facturas se incorporaron al mecanismo extraordinario del Plan de pago a proveedores de julio de 2012, lo que "supuso que afloraran todas" las facturas "no registradas hasta ese momento".

Fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informaron en ese momento de que los datos de gastos sanitarios suministrados por la Comunitat Valenciana corresponden a los años 2008, 2009, 2010 y 2011.

El conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, afirmó no creer que acabe en sanción y argumentó que la acumulación de facturas es una práctica ya "desterrada".