EFE / E. P.
Viernes, 31 de octubre 2014, 02:01
A la presión que ejercen el PP provincial y regional sobre la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se sumó ayer la de un peso pesado de la cúpula nacional. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, afirmó respecto a su caso que «es en el PP de Valencia donde se tienen que tomar las decisiones».
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Hernando señaló que el PP quiere «seguir avanzado» y «cerrando puertas» a los corruptos y puso como ejemplo la reacción ante las imputaciones en la 'operación Púnica'.
En referencia expresa a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el caso PGOU y en el caso Rabasa, consideró que «hay gente que debería tomar algunas decisiones, pero eso le corresponde al PP de Valencia y a su estructura territorial».
Un extremo que desde el PP valenciano pusieron ayer en duda, al asegurar que las decisiones sobre la expulsión de alcaldes de capitales de provincia están en manos de la cúpula nacional.
El presidente del Consell y de los populares valencianos, Alberto Fabra, volvió a hacer referencia ayer a la situación de Castedo. Reconoció que la situación que va a producirse la semana que viene, con el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de visita en Alicante, será «incómoda». Y reiteró que Castedo conoce la línea roja.
Además, recordó después que el acta de concejal es «personal», pero que «si se produce una circunstancia adicional a lo que está sucediendo en estos momentos, pensaríamos qué tenemos que hacer para ser más contundentes y demostrar la firmeza que tenemos contra los casos de corrupción».
En este sentido, aludió a la posibilidad de «ver bien conversaciones que nos avergüenzan a todos o actuaciones que son inadecuadas para un cargo público», circunstancias ante las que, dijo, «actuaremos en consecuencia, como lo hemos hecho hasta hora en todos lo casos».
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El presidente defendió que el «camino» que él ha marcado «para luchar contra la corrupción es inflexible y no tiene marcha atrás».
Sin embargo no concretó si entre las medidas que pudieran contemplar se incluye su expulsión del grupo popular ya que «son muchas las personas» de toda España que se encuentran «en condiciones similares» señaló Fabra, que pidió que se deje trabajar a la Justicia.
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