Interior expulsa a un policía en Alicante por extorsión a un ciudadano

El Ministerio del Interior ha expulsado del Cuerpo Nacional de Policía a un agente de Alicante que, valiéndose de su condición, extorsionó a una persona a la que amenazó con arrestarle por narcotráfico si no le entregaba 10.000 euros en metálico. Irrumpió en su casa acompañado de otras dos personas que se hicieron pasar por policías, le robaron una moto y le dieron un plazo para la entrega del dinero, para lo que la víctima llegó a pedir un crédito al banco. Así consta en una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que ahora ya es firme.

Según el fallo, entraron a la fuerza en casa de David P.A., en la urbanización San Vicente Raspeig. Le dijeron que tenía el teléfono pinchado y que estaba detenido porque sabían que tenía droga. El siguiente paso fue registrar el domicilio. Encontraron 50 gramos de cocaína, una balanza de precisión y 2.000 euros, pero le amenazaron con que le iban a «caer» 12 años de cárcel. Así empezó la extorsión el 20 de septiembre de 2008 llevada a cabo por el policía nacional Juan Carlos V.S. y dos cómplices a los que prestó prendas y emblemas de su uniforme policial para hacer más creíble la farsa. David P.A. sabía que la persona que había irrumpido en su casa aquel día era policía. Por ello se creyó que estaba siendo arrestado y que le esperaba una condena segura por tener 50 gramos de cocaína. Fue entonces cuando el agente le propuso «arreglar esto de otra manera»: le exigió 5.000 euros en metálico y la moto que tenía aparcada en la puerta. Además se llevaron de su casa los 50 gramos de cocaína, la balanza, los 2.000 euros y de propina dos cascos de moto y una cazadora de la marca Dainesse, valorada en 320 euros.

Días después, al ver que el dinero no llegaba, el agente volvió a reunirse con su víctima. Para convencerle le mostró un paquete y le dijo que tenía 400 gramos de cocaína. Le advirtió de que si no les pagaba le iban a «encalomar». A los tres días le sonó el teléfono móvil. Era Juan Carlos V.S. otra vez y horas después se presentó de nuevo en su casa. Le devolvió la moto y los dos cascos, pero ahora tenía que pagarle el doble: 10.000 euros. Aprovechando la visita le quitó otros 120 euros de la cartera. El miedo a que el policía cumpliese con sus amenazas llevó a David P.A. a acudir a una sucursal de Caja Murcia a pedir un crédito.

La presión no cesaba. Al día siguiente le llegó un sms al móvil donde le exigían que lo solucionase como fuera. Díez días después el policía se volvió a presentar en su casa. De nuevo iba con los mismos acompañantes del primer día y otra vez les había dejado su cazadora oficial del Cuerpo Nacional de Policía y su placa para hacerlos pasar por compañeros suyos.

La víctima les dijo que aún no había conseguido el dinero y que estaba en trámites con el banco. El agente contestó asestándole una bofetada por la que luego tuvo que ser atendido en un hospital, siempre según la sentencia. Además de la agresión, el agente le enseñó la placa policial, la báscula que le robaron en la primera visita y dos bolsas supuestamente con cocaína. «¿Qué tenemos que hacer con esto?», le preguntó. Los 10.000 euros no estaban, pero el agente y sus cómplices no se fueron de vacío. Tras registrar de nuevo el domicilio sin encontrar nada, volvieron a robarle otros 120 euros de la cartera. El 22 de octubre realizaron su tercera y última visita a la casa de David P.A.. No hubo más amenazas porque aquel día la Policía arrestó a Juan Carlos V.S. y posteriormente al resto de implicados en la extorsión.

Le asestó una bofetada

Por todos estos hechos, el 10 de octubre de 2012 la Audiencia Provincial condenó al policía a cuatro años y cuatro meses de cárcel como autor de un delito de robo con violencia e intimidación en concurso con un delito de allanamiento de morada cometido por funcionario público. Además, le impusieron otros tres años y medio por otro delito de robo con violencia y doce meses por prestar su uniforme a otras personas incurriendo así en un delito de usurpación de funciones públicas.

La lista de cargos se completó con nueve meses más por un delito de intento de extorsión. La pena ascendía por tanto a nueve años y siete meses de cárcel, además de la obligación de devolver a David P.A el dinero que le fueron robando. También fue condenado a asumir la factura del hospital donde fue atendido su víctima tras la bofetada.

Una vez esta sentencia ha adquirido firmeza, Interior ha procedido a expulsarle por medio de una resolución firmada por el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y declara «la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía de don Juan Carlos V.S., por cada una de las penas de inhabilitación especial a que ha sido condenado». La resolución está fechada el 6 de octubre y se basa en los artículos 63.e) y 66 del Estatuto Básico del Empleado Público según el cual, «la pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia».