Bernat Sirvent
Jueves, 11 de diciembre 2014, 01:34
El sector de obra pública alicantino inicia un proceso de reconversión sin precedentes para adecuar su actividad a otras ramas de la edificación, en este caso la rehabilitación y la recuperación de los cascos urbanos. Así lo manifestó ayer el presidente de la patronal Fopa, Javier Verdú, poco después de ratificar unas palabras de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, con quien la junta directiva celebró un almuerzo y asamblea.
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Tras informar de los Presupuestos Generales del Estado y de la Generalitat Valenciana y de su incidencia en el sector de obra pública, Bonig admitió los recortes experimentados en el último año y en el próximo ejercicio para ajustar el estricto cumplimiento de los objetivos de déficit público marcados por el Gobierno de España.
A raíz de la presentación, hace un mes, del convenio en materia de la vivienda del Ministerio de Fomento y la Conselleria, Bonig animó a los empresarios (entre ellas las potentes Acciona, Civica, OHL, Dragados, Intersa, Los Serranos, Ferrovial-Agroman, Becsa, Pavasal, Ecisa, CHM, Urbana de Exteriores o FCC) a aprovechar las ayudas para rehabilitación y regeneración urbana con fondos estatales y autonómicos. De hecho, en próximas semanas se celebrará un foro sobre esta materia en Alicante.
Bonig les confirmó que la Generalitat aprobará a final de mes la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos que fija una reducción del 25% en el tramo autonómico del IRPF para todas las reformas de elementos comunes o privativos en las viviendas habituales. «Es una forma de generar empleo también en este sector, por ello vamos a celebrar la jornada en breve», aseguró, acompañada por el presidente de Fopa, Javier Verdú, y el director de Obras Públicas, Vicente Dómine.
El convenio aludido por la consellera puede generar en los próximos años un volumen nada baladí de 5.000 empleos directos en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Se movilizarán nada menos que 15 millones de euros en el grupo del barrio San Antón de Elche, para cuya rehabilitación ya se han licitado 2,2 millones. También aseguró al sector de obra pública que el próximo año se iniciará la variante de Benissa al estar en el presupuesto general del Estado, además de una pasarela en Calpe, el puerto de Morella (40 millones), la mejora de la línea 9 del TRAM (que va a Dénia y ya lleva licitados 17 millones). También garantiza la construcción de 14 colegios en la autonomía, de los que tres ya se han licitado.
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Como quiera que se prioriza acabar obras más que iniciar nuevas infraestructuras, según Bonig, es por lo que el sector se está reconvirtiendo o adecuando a la nueva realidad en el sector de la construcción. Además de otro plan de infraestructuras productivas, con incidencia en Benidorm (Foietes) y Dénia. Verdú asegura que el sector no se está reconvirtiendo, porque esta actividad ya se realizaba de modo complementario. «Ahora se activa esa capacidad de producción tras amoldarse a las nuevas oportunidades», al tratarse de un sector sólido ya «por desgracia han desaparecido empresas y las que quedan en FOPA lo son».
Sobre el Corredor Mediterráneo, asegura que quedó claro anteayer lo que dijo la ministra de Fomento, Ana Pastor: si fuera por presupuesto, la obra estaría terminada en el plazo previsto al haber fondos UE, «pero los empresarios han pedido ancho internacional e ibérico para el tramo Tarragona-Castellón». Hay ya 17 contratos licitados y adjudicados y en marcha buena parte de los mismos, según la consellera Bonig.
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