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El agente, sentado a la izquierda, y el resto de acusados al inicio del juicio con jurado, ayer.
Un policía niega ante el juez que aceptara sobornos por acelerar la expedición del NIE

Un policía niega ante el juez que aceptara sobornos por acelerar la expedición del NIE

La Fiscalía pide provisionalmente para el policía, que está temporalmente apartado del servicio, una pena de cinco años de prisión y una multa de 3.600 euros por un delito continuado de cohecho

Luis Candela

Martes, 24 de febrero 2015, 01:39

Un jurado popular juzga desde ayer a un agente de la Policía Nacional acusado de aceptar sobornos de dos gestores, quienes también se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial, a cambio de tramitar certificados de expedición del Número de Identificación de Extranjeros (NIE) sin que sus clientes tuvieran que viajar a España para obtener la documentación personalmente, tal y como exigía la ley en esa época.

No obstante, el agente ha negado tal extremo durante su interrogatorio en el juicio. «Nunca me han pagado nada. Me han destrozado mi vida y mi trabajo», según afirmó el policía, quien atribuyó los 9.550 euros en efectivo hallados en su casa a las ganancias obtenidas por su mujer como «deportista de élite y entrenadora de un club de baloncesto», y que no ingresaba en el banco.

La Fiscalía pide provisionalmente para el policía, que está temporalmente apartado del servicio, una pena de cinco años de prisión y una multa de 3.600 euros por un delito continuado de cohecho. La misma condena y por el mismo delito reclama para otros dos acusados, los gestores que trabajaban para establecimientos inmobiliarios ubicados en la zona de Torrevieja y la costa de Orihuela.

Los hechos se registraron entre 2011 y 2012 y fueron detectados después de que una abogada de Orihuela presentase una queja ante la Policía Nacional al constatar que muchos de sus clientes extranjeros renunciaban a sus servicios y acudían a los de los procesados porque los trámites eran mucho más rápidos.

El Ministerio Público sostiene que los gestores ofrecían supuestamente a diferentes establecimientos de gestión inmobiliaria y extranjería «la posibilidad de obtener certificados de NIE de forma más rápida de lo habitual». Así, cobraban presuntamente por cada documento 100 euros, de los que la mitad presuntamente eran para el policía encausado.

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