Un acusado de los telecentros debía «repartir dinero» en el Consistorio

Una de las tantas causas por presunta corrupción política en el Ayuntamiento de Alicante quedó ayer vista para sentencia. En el banquillo se sientan desde el martes el que fuera edil de Modernización en Alicante Francisco Sánchez Luna, y exregatista olímpico, acusado de entregar a una firma de la que era apoderado y que era propiedad de su hermano Jacobo un contrato que en un principio rondaba los 17.000 euros y que finalmente superó los 22.000 euros. La Fiscalía Anticorrupción mantuvo los cargos en la sesión final del juicio, aunque primero hubo que escuchar unas comprometedoras cintas de audio.

Según mantiene el fiscal del caso, Felipe Briones, Sánchez Luna «disfrazó» una contratación fraudulenta para desviar fondos a su bolsillo, al de su hermano y al socio de ambos, Juan Carlos Eslava, quien estaba conectado con la firma Información y Sistemas de Datos SL, en la que Jacobo era el administrador y mantiene una participación del 60 % y los otros dos figuran como apoderados. Por eso, Briones mantuvo su petición de cárcel que va desde los seis meses a los 5 años y medio.

Para ello, encargaron a través del entonces asesor de confianza del edil y exregatista, Jacobo Colomo, encargar a CTM la adjudicación de la cartelería para los 12 telecentros de la ciudad. Las negociaciones del proyecto se llevarían a cabo con el hijo del dueño, el también acusado Juan Antonio García Egea. Sin embargo, la relación se rompe con la enfermedad de este último y los implicados urdieron un plan para que otra empresa fingiese acabar los trabajos, argumenta el representante del fiscal.

El dueño de CTM, José Antonio García Roza, tuvo que asumir las negociaciones del contrato por la enfermedad de su hijo, que pronto comenzó a darle quebraderos de cabeza, por lo que optó por grabar sus movimientos. «Un pobre anciano», como lo definió el fiscal en su informe definitivo, al que el Ayuntamiento dejó de abonar todo lo contratado. Se reunió con Eslava al comprobar que no cobraba las facturas por los últimos telecentros ejecutados. Para su sorpresa, los pactos alcanzados por su hijo suponían el 50 % del presupuesto total.

«Yo tengo que pagar dinero a otra gente en Intervención», le espetó Eslava a García Roza, quien le aseguró que si no le abonaba su porcentaje «llamo y les digo que a este señor no hay que pagarle», para poco después insistirle en que si no colaboraba, otra empresa facturaría los trabajos, a pesar de que poco restaba ya por ejecutar. «Me has dejado con el culo al aire», le recriminó el hombre, quien le dejó claro que no iba permitir que todo quedara así. «¡10.900 euros son míos!», le gritó, cantidad a la que había que sumar otros mil euros en negro para comisiones.

Esta clara «extorsión», tal y como la describió Briones, finalmente sería así. El administrador de CTM vio revocado el pago de dos facturas tras la conversación con Eslava, quien advirtió que «mi socio es el concejal». Además, en última instancia, Sinéresis SL, a la que este imputado también estaba vinculado, facturó la conclusión de la puesta de la cartelería.

Claro que, según los testigos de la empresa, «nadie hizo nada de ello», sino que fue la acusada Covadonga Marcos quien hizo el favor de facturar y traspasar más de 8.000 euros a la firma de los Sánchez Luna.

Los abogados defensores ejercieron ayer una férrea defensa de su postura, comenzando por el letrado de Kiko Sánchez Luna, Ernesto Díaz-Bastien. Este pidió la absolución de su patrocinado al recordar que fue una técnico quien asumió como suya la decisión de no abonar las facturas «porque los trabajos no se finalizaron».

Los siguientes letrados en intervenir, que fueron José María Orellana, Pedro Beltrán, Alejandro Baos, Juan Miguel Gualda y Mari Paz Alarcón, trataron de desmontar la presunta participación de sus clientes, apelando, principalmente, a la falta de fundamento de las pruebas.