Los convocantes de la protesta por la privatización de Piedra Negra prevén a mil personas

Esquerra Republicana de Xixona, partido con representación en el Ayuntamiento jijonenco, es el convocante de la manifestación que arrancará a las 12 de hoy desde el Consistorio ante la inminente privatización probable de la polémica planta de residuos Piedra Negra, cuya subasta está prevista para pasado mañana. Aunque en las dos últimas semanas ha sido un colectivo que se autodenomina Aixama en las redes sociales el convocante de la protesta, la solicitud ante la Subdelegación del Gobierno la ha formulado una miembro de la formación política que lidera el edil Joan de Déu Martines. Este hecho ha sido criticado por el alcalde jijonenco, Ferran Verdú, el cual, no obstante, tiene previsto concentrarse, junto a su equipo de gobierno socialista, pero no participar en la marcha por las calles del pueblo. Se prevén unas 1.000 personas, según la petición a la autoridad en aplicación a la Ley Orgánica 9/83 sobre el derecho de reunión.

El alcalde Ferran Verdú, cuyo criterio sobre la no necesidad de pujar en la subasta del lunes y sí acelerar el proyecto de explotación para aplicar la gestión directa sin descartar la expropiación de las instalaciones, fue tomada como propia por la comisión de gobierno de Piedra Negra hace dos días, presidida por la titular del Consorcio y de la Diputación, Luisa Pastor, manifestó ayer que respeta el derecho de manifestación y de reunión, y que se va a esforzar en salvaguardar el orden y la seguridad en el municipio. Además, pide disculpas al sector comercial, al tratarse de un sábado en hora punta de ventas.

Verdú asegura que «comparte» muchas de las cosas del espíritu de la manifestación, porque «la gestión de residuos de la Generalitat es deplorable y perjudicial para la sociedad actual y futura y cualquier protesta siempre será poca; encima, la venta de aciones que proyecta Vaersa es un hecho más que viene a añadir despropósitos y falta de juicio». Recuerda que es el PSPV el que ha demandado ante el juez el Plan Integral de Residuos (PIR) de la Generalitat y critica a ERX por no haber buscado el «consenso ciudadano y político» en el municipio para esta protesta. Verdú arremete contra Luisa Pastor y José Joaquín Ripoll, que «han sido los presidentes del Consorcio que debería haber aprobado hace ocho años un proyecto de gestión». También contra la consellera Isabel Bonig y sus antecesores «por falta de voluntad en solucionar los problemas», así como los directores generales de Medio Ambiente, Jorge Lamparero y Vicente Tejedo, a los que califica sin ambigüedad de «incompetentes».