Las principales instituciones emitirán informes sobre Ikea

El proceso de preparación de alegaciones a la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Rabasa, en la que se instalará Ikea y un macrocomplejo comercial, contará con las aportaciones de las principales instituciones, colectivos y organizaciones de la ciudad. Todos ellos emitirán un informe sobre la ATE que elevarán al Consejo Social de la ciudad para que los demás miembros los dictaminen y, en caso de ser aprobados por la mayoría, sean incorporados a las alegaciones del Ayuntamiento.

En el Consejo Social, que se reúne mañana, están presentes representantes políticos, los sindicatos CC OO y UGT, la Confederación de Empresarios de la Provincia de Alicante (Coepa), la Cámara de Comercio, la Universidad de Alicante, los representantes vecinales de las juntas de distrito, el Colegio de Graduados Sociales, el de Economistas y tres profesionales de reconocido prestigio (Manuel Desantes, Andrés Pedreño e Iván Sempere).

El vicepresidente del Consejo Social, el edil Carlos Castillo, explicó ayer que en la reunión de mañana se pedirá a todos los miembros que emitan un informe sobre la ATE y que lo remitan al Consejo para que sea dictaminado por el resto.

Aquellos que logren el consenso serán incorporados como las alegaciones del Ayuntamiento al proyecto, por lo que las opiniones de estos agentes tendrán un gran peso.

La exalcaldesa, Sonia Castedo, decidió excluir a EU, pero Valor ha resuelto incluirlos y para ello ha pedido a la concejal Mari Ángeles Goitia, representante del grupo popular, que le ceda su puesto a uno de los concejales de la formación de izquierdas. Una cesión que se hará efectiva en la sesión de mañana y surtirá efecto en la prevista para el día 15 de abril. No obstante, EU podrá acudir a la primera como invitado.

Una de las cuestiones que pondrán sobre la mesa los vecinos, también invitados, será la posibilidad de pedir a los promotores inversiones en la ciudad a cambio de ejecutar la ATE. En este sentido, Castillo señaló ayer que ha pedido un informe jurídico para ver la viabilidad de esta propuesta, que el alcalde, Miguel Valor, se comprometió a estudiar.

«No sé hasta qué punto lo podemos pedir si no somos ni los promotores ni la administración que lo tramita, por eso he pedido que emitan un informe los servicios jurídicos», explicó Castillo.

Desde Urbanismo explican que la regulación de las ATE «ni prohíbe, ni permite» esta opción, por lo que esperarán al informe para ver si es posible plantearlo en forma de alegación al proyecto.