Eva María Lahoz
Viernes, 27 de marzo 2015, 01:04
El Ayuntamiento de Alicante marcó ayer la hoja de ruta definitiva para la elaboración de las alegaciones que presentará, solo o en compañía de los distintos agentes sociales, a la ATE de Ikea en Rabasa. El concejal responsable de organizar este proceso, que culminará el 11 de mayo con la presentación de estas alegaciones, es Carlos Castillo, al que ayer el alcalde, Miguel Valor, ya le dio la voz cantante en el Consejo Social, del que es vicepresidente.
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Consejo Social.
Se han creado tres comisiones, que evaluarán el impacto económico, urbanístico y estratégico de la ATE.
Consejo de Comercio.
Se reunirá el 13 de abril. Emitirá su propio informe de alegaciones sobre el impacto comercial.
Comité municipal.
Integrado por varias concejalías, elaborará las alegaciones del Ayuntamiento a la ATE.
Precisamente fue esta reunión del Consejo Social la que determinó la puesta en marcha del proceso de alegaciones, que se concretará en tres escritos elaborados por tres órganos distintos. Por un lado, se creará un comité que se encargará de elaborar las alegaciones puramente municipales. Estará integrado por dos funcionarios de la Concejalía de Comercio, dos de la de Urbanismo, dos de la de Imagen Urbana, dos de la Agencia Local de Desarrollo, un letrado del Servicio Jurídico Municipal y un técnico de Medio Ambiente.
Por otro, el Consejo Social elaborará también sus propios informes de alegaciones que el Ayuntamiento remitirá al Consell y que se derivarán de tres comisiones, aprobadas por unanimidad ayer. Una de ellas evaluará el impacto de la ATE sobre la economía, el empleo y el comercio; la segunda se encargará de evaluar el impacto estratégico para la ciudad y estudiar en qué medida el plan urbanístico es compatible con el Plan de Competitividad; y la tercera medirá el impacto territorial, urbanístico y medioambiental del proyecto.
Se reunirán semanalmente y cada miembro del Consejo Social decidirá en cuál o cuáles desea participar. Podrán ir tanto titulares como suplentes y acudir acompañados de asistentes técnicos con voz pero sin voto, un extremo que pidió ayer la Cámara de Comercio.
Al final del proceso emitirán sus informes, que se elevará al pleno del Consejo del día 15 de abril, donde se debatirán y votarán. Si salen adelante por mayoría, se transformarán en alegaciones que el Ayuntamiento pondrá sobre la mesa del Consell.
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Hay que recordar que en este consejo están representados, además de los grupos municipales, los agentes sociales más relevantes, como la Cámara de Comercio, Coepa, los sindicatos CC OO y UGT (este último no asistió ayer), la Universidad de Alicante (tampoco estuvo presente), los representantes vecinales de todas las juntas de distrito, varios profesionales de prestigio y los colegios de graduados sociales y de economistas (los dos colegios no acudieron ayer).
Peso de los consejos
Es el órgano consultivo más relevante de la ciudad, por lo que sus dictámenes tendrán mucho peso en la valoración final de la ATE. «No es vinculante, pero el Ayuntamiento se compromete a hacer suyos sus dictámenes y trasladarlos a la Conselleria, que dudo mucho que no nos vayan a hacer caso», consideró Castillo.
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Por último, un tercer escrito de alegaciones saldrá de las conclusiones que se alcancen en el Consejo Local de Comercio, que se reunirá el 13 de abril para acordar la forma de elaboración de este informe y concretar de qué manera se elaborará el comprometido informe de impacto comercial. Las conclusiones deberán estar listas para el día 27 de abril, cuando se celebrará la segunda reunión de este consejo.
Todos los escritos de alegaciones deberán presentarse antes del 11 de mayo, que es cuando acaba el plazo. Por otro lado, Urbanismo elaborará su informe preceptivo sobre la ATE, que está previsto que entregue en torno al 13 de mayo.
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Los integrantes del Consejo Social se mostraron ayer conformes con el procedimiento establecido, aunque hubo voces que se quejaron por la falta de tiempo para evaluar bien un proyecto tan importante.
El catedrático Manuel Desantes, CC OO, y los grupos socialista, UPyD y EU (que acudió al Consejo todavía como invitado) reclamaron más tiempo para elaborar los informes y, ante la limitación del plazo de alegaciones, propusieron que las conclusiones se incorporasen al informe de Urbanismo, para el que el plazo es menos ajustado. Pero se desestimó.
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