Un procesado admite que se falsearon facturas en su nombre a Terra Mítica

José Luis Rubio, hijo del empresario del mismo nombre y procesado en el juicio por el supuesto fraude de 4,4 millones de euros mediante facturas falsas en la construcción de Terra Mítica, aseguró ayer que su padre le instó a hacerse autónomo y que se falsificaron facturas a su nombre. En su declaración en el macrojuicio que se sigue en la Audiencia de Valencia, el hijo del dueño de las mercantiles Gribal y Desarrollo Gran Vía, para el que el Ministerio Público solicita una pena de 12 años y 8 meses de prisión, declaró que éstas facturas sirvieron para justificar a empresas que contrataron a personal de forma irregular.

Según aseguró, su padre le pidió que se hiciera autónomo para que fuera «espabilando y ser jefe en un futuro», por lo que lo hizo con la condición de seguir «cobrando lo mismo y el mismo día», y que cuando empezaron a facturar a su nombre su padre le dijo que «como tenía mucho trabajo necesitaba justificar gastos con estas facturas», pero que él no se ocupaba de ellas ni emitió ninguna.

Rubio señaló que «nadie le notificó» las facturas por las que está procesado en esta causa, y que se enteró de las mismas cuando recibió la citación judicial sobre su imputación. Este hecho, añadió, desencadenó una discusión con su padre e incluso que rompieran la relación y «dejaran de hablarse».

También admitió que él se encargaba de realizar el cobro de pagarés o cheques, tanto de la empresa de su padre, que compartía despacho con otro de los principales acusados, Antonio Moreno, y que el dinero «era para pagar a los trabajadores y el material de oficina y de obra», y que él «nunca cobró ninguna comisión». Rubio añadió que en la empresa de su padre trabajaba «mucha gente sin papeles», y que «venían negritos, que trabajaban noche y día».

El gestor también declara

En la sesión ayer declararon varios empresarios a quienes también se les atribuyen delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental por supuesta falsificación de facturas, entre ellos el gestor Antonio Latorre, a quien la Fiscalía pide doce años y 8 meses de prisión, que figuraba como administrador de las empresas Gamaparc y Waldron, y quien declaró que solo se ocupa de «contratar las bajas y altas» laborales.

Latorre se desvinculó de la contratación y ejecución de las obras, que aseguró llevaban directamente Rubio y Moreno.