Acusan a la apoderada de una caja de estafa por crear «un banco paralelo»

La Fiscalía de Alicante solicita provisionalmente una pena de 6 años de prisión para la apoderada de una caja a la que acusa de un delito de estafa por crear, supuestamente, un "banco paralelo" en la sucursal donde trabajaba, lo que originó a la entidad un perjuicio que cifra en 438.405 euros.

El juicio por estos hechos debía celebrarse entre ayer, miércoles, y hoy, jueves, en la sección segunda de la Audiencia de Alicante, pero ha sido suspendido por la incomparecencia de la procesada, circunstancia que ha llevado al fiscal del caso a pedir su ingreso inmediato en prisión, según han confirmado a Efe fuentes jurídicas.

La defensa ha presentado esta misma mañana un escrito donde alega que la sospechosa ha ingresado en un centro sanitario por problemas psiquiátricos, extremo que tendrá que ser estudiado ahora por el tribunal.

El ministerio público sostiene que la encausada creó un "banco paralelo" dentro de la oficina de la caja para la que trabajaba con la finalidad de "obtener un beneficio patrimonial ilícito".

Desde ese segundo banco, que funcionó entre 2005 y 2011, la acusada quitó presuntamente dinero a algunos clientes y concedió créditos a otros, al tiempo que realizaba traspasos de saldos en tarjetas de crédito o transferencias a su antojo.

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, la apoderada sustrajo, por ejemplo, 205.500 euros a ahorradores en ocho extracciones de metálico, para lo que falsificó las firmas de los verdaderos titulares de las cuentas.

Del mismo modo, indica la acusación pública, realizó abonos a otros usuarios mediante ingresos de efectivo, todo ello por un total de 8.407 euros, en concepto de "pago de intereses por depósitos superiores a los pactados en los contratos que sustentaban y amparaban esos depósitos".

El fiscal enumera también otras "disposiciones indebidas de fondos" y concesión de préstamos a clientes que no contaban con la autorización "del departamento pertinente", ni cumplían con "las formalidades y requisitos exigidos por las normas existentes".

Dichas operaciones no eran contabilizadas, de forma que la presunta estafadora podía quedarse con los intereses resultantes de esos movimientos.

Además, la apoderada realizó, presuntamente, otras 32 operaciones de traspaso en tarjetas de crédito, transferencias y reintegros no justificados, valorados en 84.620 euros, siempre de acuerdo con la acusación pública