El «infierno» de Ikea en Alicante

Como un «infierno» calificaban el pasado viernes los representantes de Ikea la tramitación del proyecto para instalarse en Alicante. Y no es para menos, porque han pasado doce años desde la primera vez que en la ciudad se habló del interés del gigante sueco en Alicante, en 2003, aunque hasta 2005 no confirmó que estaba buscando emplazamientos.

Un plazo en el que a la multinacional le ha dado tiempo a planear, construir, abrir y hasta a amortizar su tienda de Murcia, que era su segunda opción en Levante, y en los que, además, se ha sumado más recientemente, hace apenas un año, la de Alfafar.

Los suecos se han topado en Alicante, sin embargo, con un hueso duro de roer, los chanchullos urbanísticos que, presuntamente, quiso llevar a cabo el socio que eligieron para facilitarles los terrenos, el empresario Enrique Ortiz, a su costa o gracias a ellos. Solo los pactos privados que existen entre Ikea y Ortiz y los pagos que la empresa admite haber realizado y el constructor haber recibido explican que la multinacional no haya abandonado Alicante hace ya varios años en busca de otros destinos menos embarrados.

Pasaron dos años desde que, en 2005, Ikea confirmó públicamente lo que era un secreto a voces, que pensaba instalarse en Alicante, hasta que en 2007 firmaba su primer contrato privado con Ortiz para instalarse en el PAU 1 por 35 millones de euros. En aquel entonces se hablaba solo de una tienda Ikea, dado que los suecos no se habían especializado en comprar suelo para después alquilarlo a otras marcas que pululan en su entorno deseosas de instalarse junto a la gallina de los huevos de oro.

A Rabasa

Un año después, Ortiz les convencía para trasladar sus intereses a Rabasa, otro plan bajo su ala. Aunque es justo decir que los suecos siempre miraron con buenos ojos hacia este sector, ya que entre 2003 y 2005 ya se rumoreaba que era su favorito en la ciudad.

Además, allí tenían más terreno disponible. Les ofrecían 131.000 metros cuadrados en los que ya aparecía la tienda de Ikea, de 35.000 metros cuadrados, el macrocentro comercial (más pequeño, con 60.000 metros cuadrados) y una zona de 22.000 metros cuadrados para tiendas satélite.

En 2008 firmaban el convenio por 67 millones que en 2009 se transforman en 92 al garantizarse mayor edificabilidad.

Ese mismo año el Ayuntamiento, con Sonia Castedo ya al frente, los promotores y la empresa presentan el proyecto a la sociedad alicantina y pronto surgen las primeras voces críticas, sobre todo entre los comerciantes, que plantan cara al exceso de superficie comercial (muy inferior a la de la ATE).

Pero el golpe de gracia llega a finales de aquel año cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decide suspender cautelarmente el plan Rabasa, en el que se tramitaba una modificación para incorporarle Ikea, tras admitir varios recursos.

En este contexto, entre finales de 2009 y 2010 se enmarca el después denominado 'caso Rabasa' que investiga presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias cometidos por Castedo para favorecer a Ortiz con un 'urbanismo a la carta' al acelerar las gestiones municipales para permitir la instalación de Ikea en el sector pese a estar paralizado el plan por los tribunales. Un caso aún pendiente de resolución.

Pero es que en mayo de 2013 el TSJCV tumba el plan Rabasa por irregularidades en su tramitación.

Es entonces cuando, al margen de recursos, Ortiz decide cambiar su estrategia y aprovechar la reciente creación de la figura urbanística excepcional de la Actuación territorial Estratégica (ATE) para tratar de enmarcar en ella la implantación de Ikea en los terrenos de Rabasa.

La ATE

En noviembre de 2011, Alicante Avanza, heredera de Viviendas Sociales del Mediterráneo (promotora del plan Rabasa) presenta ante la Generalitat la propuesta de ATE, que el Consell admite en junio de 2014.

En marzo de 2015, sale a exposición pública el proyecto, que vuelve a generar las protestas del sector comercial. El cambio en la Alcaldía propicia que Miguel Valor mire con ojos muy diferentes este proyecto, que contempla una parcela de 287.000 metros cuadrados totalmente comercial, que es la que ahora Ikea sigue defendiendo, además de otras dos terciarias, de 125.000 metros cuadrados, una industrial de 142.800 y un millón de metros cuadrados para el parque de las lagunas.

Se inicia un proceso de alegaciones que concluye con escritos muy críticos hacia la ATE, entregados al borde de las elecciones municipales que cambiaron completamente la composición de la Corporación municipal, desalojaron al PP del poder y le dieron el poder al tripartito de PSOE, Guanyar y Compromís. También de las autonómicas, que desalojaron al PP del Consell en favor de PSOE, Compromís y Podemos.

Se produce entonces otro vuelco en las aspiraciones de Ortiz y, por ende, las de Ikea. Y es que una de las primeras medidas que tomó el nuevo Consell fue paralizar la ATE con vistas a modificarla en «beneficio del interés general» por las «sospechas» que recaen sobre ella.

Varapalo que ha movido a los suecos a buscar un encuentro con el Ayuntamiento, al que evitaban desde hace tiempo, para tratar de hallar una solución a un proyecto que parece gafado desde su origen.

Solución difícil, si se tiene en cuenta que Ikea se empecina en mantenerse en Rabasa, terreno maldito aunque sin duda de gran valor estratégico y se obstina en mantener el macrocentro comercial tan denostado.