DIRECTO | Pleno del Ayuntamiento de Valencia de este martes

Torrado exhibe a «los hipócritas de la izquierda del hermana yo sí te creo» recordando los casos de Ábalos, Errejón o el Tito Berni.

Beamud también hace referencia a la falta de mujeres en los premios Jaume I.

Lucía Beamud, de Compromís, arremete contra la alcaldesa Catalá diceindo que las mujeres valencianas «ya podemos esperar tumbadas las polticas de Igualdad del PP». «Si no llega ser porque Compromís lo denuncia, un condenado por violencia machista se cuela en un espacio que debería ser seguro para las mujeres como el premio literario Beartiu Civera», expresa la nacionalista sobre el reconocimiento al voxista Carlos Flores Juberías.

El concejal de Parques y Jardines califica la disciminación positiva como «un privlegio legal» y recuerda el contenido del artículo 14 de la Constitución.

Interviene Badenas, que dice haber leído a Simone de Beavoir, para argumentar que «todos los días se tendría que celebrar el día de la persona, nadie es más ni menos, todos somos iguales con los mismo derechos y obligaciones». EL voxista aboga por que se juzgue a las personas en función de sus méritos.

Llopis tiende la mano al consenso.

«Han pactado con negacionistas de la lucha feminista», lamenta Nuria LLopis, del PSPV, interpelando a la concejal de Servicios Sociales.

Torrado dice que el acto central de este año lo acogerá el Salón de Cristal en el que se reconocerá públicamente la trayectoria mujer científica, una asociación y una empresa tecnoógica.

«Talento femenino y científicamente probado», este será el lema del 8-M en Valencia, anuncia la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, que dice que este 8-M tiene que ser «un ejemplo por la igualdad de toda la sociedad».

«El criterio que apliquemos a los valencianos será el que apliquemos a los restantes, pero el calendario será diferencial al vivir estos dentros de la misma», comenta Carbonell sobre el posible «efecto frontera» con la entrada de vehículos de fuera de la caputal del Turia y, de no ser así supondría, una vulneración del principio de igualdad.

El concejal de Movilidad dice que en 2030 habrá que aplicar esos nuevos indicadores y contempla moratorias para 2035 y 2040. «No vamos a incumplir los indicadores previstos porque son los mismos que en la actualidad», asevera.

Carbonell arguye que el Estado tiene que trasponer la directiva en 2026,« pero eso no significa que los límites vayan a cambiar porque los límites osn los mismos que con la normativa actual».

«La ordenanza nace vieja porque en el futuro se tendrá que revisar en 2016 con la trasposición de la nueva directiva europea», asegura el edil nacionalista.

«Deberíamos rivalizar en extensión de la ZBE con Barcelona y Madrid y no con Estepona», arremete Grezzi. «La excepción hecha norma», remacha.

Pérez dice que Carbonell le respondió que el IPREM era un «indicador arbitrario» a la hora de determinar las rentas bajas. «¿Por qué no copia las ayudas del Ayuntamiento de Madrid? Porque esta ordenanza debería ser de mínimos porque en lugar de mejorar la salud de los valencianos prefieren pensar que no incomode a nadie», achaca la socialista.

Pérez responde que las inicativas que el PSPV deja para 2030, PP y Vox las dejan «sine die».

«La ordenanza cumple las directrices y la normativa que prevé el ministerio, como la delimitación por rondas para circunvalar la ciudad sin necesidad de generar respacioes en los que los usuarios puedan ser sancionados», explica Carbonell y afea que el PSPV diga en sus alegaciones que prefiere retrasas la implementación de determinadas medidas para 2030.

Carbonell recuerda que las medidas se implementarán de manera progresiva a tres años vista, es decir, hasta 2028. Además, recuerda que todas las ZBE que han sido impuganadas han sido anuladas por la jurisprudencia.

El concejal de Movilidad responde a Grezzi diciendo que la superficie de ZBE proyectada es 28,7 kilómetros cuadrados, dejando al margen Madrid y Barcelona, «no hay ni una sólo ZBE de Espña que se acerca al ámbito territorial de la de Valencia». «Esas ciudades no se parecen ni por asomo al ámbito territorial de la ciudad de Valencia», sentencia.

Grezzi critica que se utilicen los accesos al hospital La Fe como excusa para no regular el tráfico en el sur de la capital del Turia: «La utilizan como coartada, ¿se creen que la gente es tonta?».

El concejal de Compromís, Giuseppe Grezzi, dice que la ordenanza de ZBE es la «cereza en el pastel rancio de la Capital Verde Europea de PP y Vox». «Son clasistas los barrios del Marítimos y del sur se comerán toda la contaminación porque ahí si que podrán aparcar los veiculos A y las furgonetas B de más de 30 años», lamenta.

«No han eximido a las personas de menos recursos con el IPREM y encima dicen que es la oposicion quien no protege a las rentas baja», alega la concejala socialista esta ordenanza «no garantiza una mejora en el aire y en la calidad de vida de los valencianos».

«Los barrios del sur han sido el trastero históricamente de esta ciudad y ahora se les ha negado el corredor verde y ahora les van a hacer un aparcamiento», critica la edil socialista.

«Empiezo a entender por qué quieren tener el menor número de medidores posibles, un incuppminiento poryectado justifica modifcar esta ordenanza con medidas adicionales», comenta María Pérez sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

«Los 8,7 millones de la Albufera no nos los van a pagar», alerta la edil de Hacienda.

«El Gobienro sólo ha dado un millón y han pasado cuatro meses y es quien tiene los recursos para ayudar. Reclamen al Ejecutivo que declaren de una vez la exención del IBI de 2025 y el impuesto de vehículos porque hay miles inutilizados», asevera San Segundo.

«Nos encntarmos ante una modificación de crédito que refleja una gestión ineficiente de recursos públicos que no responde a las necesidades de la ciudadanía», califica por su parte Coscollà.

«Esta modificación de crédito, en función de las necesidades, es ridícula», afea Sanjuán.

«Estaré gustosísimo de hacer el cursillo, pero no me lo dé usted señor Sanjuán no tiene muy buena fama entre sus estudiantes de la Universidad de Valencia», ataca Badenas. «Una vez realizada la encuesta de evaluación docente... Seguimos con el pleno...», responde el concejal del PSPV.

San Segundo pone en valor las ayudas municipales a fallas, autónomos y entidades culturales para atender una situación de extraordinaria emergencia así como la limpieza de las playas cuya competencia es de Costas. «El Gobierno está en bábia y nosotros a pulmón», remata.

La concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, critica que el Ayuntamiento de Valencia no ha ingresado «un duro» por parte del Gobierno tras haber anunciado ayer el comisionado para la Reconstrucción, José María Ángel que los fondos habían llegado: «No se ha ingresado ni el IBI de Campanar y todo eso lo está soportando el Ayuntamiento. Todo mentiras».

Badenas pide un turno por las alusiones de Sanjuán, pero intervendrá después de San Segundo.

Coscollà recuerda que gran parte de las reparaciones de la dana las financiará el Gobierno con los fondos para reparar instalaciones municipales dañada por la riada.

La edil de Compromís, Eva Coscollà, critica que algunas de las medidas de la comisión de la reconstrucción municipal derivan de mociones aprobadas en comisión por parte de las formaciones de la oposición.

El portavoz del PSPV comenta que Valencia está adherida a la Red Europea contra el Racismo y se pregunta si se va a apuntar a Juanma Badenas a sus cursos, en referencia a la investigación de la Fiscalía al concejal voxista por delitos de odio.

El debate se centra en la modificación creditícia y las ayudas de la dana para las pedanías afectadas.«¿Por qué el Ayuntamiento sigue sin aprobar una línea de ayudas a famílias afectadas con daños en sus hogares o comprar viviendas por tanteo y retracto?», ataca Borja Sanjuán «ahora han recibido 137 millones de euros del Gobierno de España, no hay excusa».

Carbonel vuelve a responder que el Ayuntamiento no es la administración competente ya que se tiene que actuar en el ámbito estatal. «Sin criminalizar a las VTC, pero respetando los derechos del taxi», concluye.

Pérez vuelve a tomar la palabra para reprochar que el PP impulsó medidas para regular el sector en Les Corts en 2018 y ahora defiende lo contrario.

El titular de Movilidad señala que el Consistorio en manos del Rialto impuso en año y medio, entre 2022 y la mitad del 2023, 494 sanciones a las VTC mientras que la actual corporación ha impuesto 636 en año y medio.

Carbonell alega que Ábalos, cuando era ministro de Transportes, hizo una dejación de sus funciones delegando en las autonomías las competencias regulatorias. «Estamos afavor de que convivan ambos modelos, el Ayuntamiento cumple su función», dice el edil del PP.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, defiende que en Valencia hay espacios en los que se muestran sus tarifas y argumenta que se trabja codo con codo con el sector.

La concejala nacionalista acaba recordadndo unas decalracionesde Mundina en las que abogaba por sancionar a las VTC y defender al taxi.

La edil de COmpormís GLòria Tello dice que el equipo de gobierno local «no ha movido ni un dedo para proteger al taxi ni a los usuarios». Tello apuesta por un servicio moderno y verde con vehículos sostenibles.

«Desde el PSPV queremos una regulación clara y justa, que diferencie ambos servicios, para proteger a usuarios y profesionales del sector», acaba la edil socialista que se pregunta si el equipo de gobierno va a intervenir o no en estos transportes.

Pérez recuerda que durante loas años de gobierno de la izquierda en la Generalitat y el Ayuntamiento se intentó regular el transporte concertado ya que «operan con más flexibilidad y sin los mismos controles».

La portavoz adjunta del PSPV, María Pérez, pregunta sobre la regulación entre taxis y VT: «El gobierno local no ha aclarado a qué se refieren con una chapuza de sentencia, ¿qué tipo de relación debe establecerse entre el sector del taxi y las VTC?».

Interviene Fernando del Molino, de la Federación Sincial del Taxi, en el arranque del pleno. «Las VTCs sólo tienen autorización para el transporte interurbano, para tener licencia urbana tendría que adquirirse por concurso público», alega.

Por último, el portavoz de Vox, Juanma Badenas, dice que su partido no cree en la discriminación positiva hacia la mujer y explica que el grupo que encabeza no está a favor de la «competencia desleal de los pisos turísticos con las empresas que cumplen» así como que su instalación tienen que ser compatible con la convivencia vecinal y el comercio tradicional.

«Este Ayuntamiento ha hecho por fin los deberes en materia de inspección de pisos turísticos que no había hecho el anterior equipo de gobierno no hizo en ocho años», comenta en referencia a la asunción de competencias en materia de sanción de alojamiento turístico ilegal.