E. M. L.
Domingo, 2 de agosto 2015, 00:30
Los movimientos sociales se han adelantado a las intenciones del tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Alicante. Hace unas semanas se abría una petición en la página change.org para pedir al Consistorio la derogación de la ordenanza contra la prostitución y la mendicidad en espacios públicos. Una propuesta que ya habían firmado ayer 580 personas. La iniciativa pide al nuevo equipo de gobierno que «derogue esta injusta ordenanza que en nada contribuye a la justicia social y se ensaña con los y las excluidas».
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Los proponentes consideran que «multar no soluciona el problema, sino que acentúa la situación de exclusión social y estigmatiza a los más débiles y vulnera derechos fundamentales». Añaden que quieren «una ciudad con justicia social y trabajo digno» para lo que piden a los alicantinos que se sumen a su petición.
Una de las principales críticas que se le ha hecho a la ordenanza radica en que se ha centrado exclusivamente en la parte sancionadora, a pesar de que en un principio se indicó que se iba a promover la intervención de los servicios sociales municipales con el fin de prestar el apoyo necesario a estas personas para favorecer su reinserción. Esta parte se ha dejado de lado.
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