El tripartito derogará la polémica ordenanza que multa a los mendigos y a las prostitutas

La aprobación, en febrero de 2011, de una ordenanza contra la mendicidad y la prostitución en espacios públicos, que prevé multas de hasta 3.000 euros para ambos colectivos, estuvo rodeada de polémica. Las asociaciones de vecinos y comerciantes cuyos barrios estaban más afectados por la prostitución callejera y por los 'gorrillas' acogieron con entusiasmo la norma. Pero fueron muchas las organizaciones y colectivos sociales que alzaron la voz contra esta ordenanza, que no solo se aplicó en Alicante, sino también en muchos otras ciudades, al amparo de una propuesta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Incluso el Síndic de Greuges elevó una queja al respecto.

Ahora, el equipo de gobierno tripartito ha establecido entre sus prioridades la derogación de esta normativa local, que en cualquier caso se aplica ya de forma residual, con apenas 34 sanciones en el último año. Una propuesta que prevé llevar al próximo Pleno.

La primera medida del tripartito al respecto ha sido hacer depender esta ordenanza realmente de la Concejalía de Acción Social, en vez de dejarla en manos de Seguridad, como hasta el momento. En la pasada legislatura ya se preveía también la intervención de los servicios sociales, pero apenas se ejerció. La Policía Local se encarga de las sanciones pero es Nerea Belmonte la edil que se va a encargar de su derogación.

Belmonte está en contra de las sanciones a prostitutas y mendigos porque «no se puede criminalizar a las personas por no tener de qué vivir o por tener que ejercer su profesión en la calle». Entiende que hay que mantener el orden y la seguridad en las calles, pero plantea que debe hacerse «sin poner el foco en ningún colectivo concreto». Por ello propondrá la aprobación de otra ordenanza que sustituya a la de mendicidad y prostitución, una «sobre civismo en la vía pública, que sancione comportamientos inadecuados, sea quien sea el que los practique», señala Belmonte.

«Es igualmente sancionable si una prostituta practica sexo delante de un parque infantil que si lo practica una pareja de ejecutivos de un banco», resalta la edil de Acción Social. Desde Guanyar Alacant consideran, además, que lo que se debería abrir en la ciudad es «un debate sobre la conveniencia de regularizar la prostitución». Aunque se trata de una decisión que escapa a las competencias municipales y este extremo no se ha acordado con el resto de grupos del tripartito, como sí se ha hecho con la derogación de la ordenanza.

En cualquier caso, la supresión de la norma llega en un momento en el que su aplicación es residual. Cuando se aprobó la ordenanza, en febrero de 2011, hubo una fiebre de sanciones a prostitutas, clientes y mendigos proactivos, es decir, 'gorrillas' y similares. De hecho, en los primeros cinco meses se levantaron más de 300 actas de sanción. Muchos casos acabaron, además, en la vía penal, al negarse los sancionados a abandonar la calle tras requerírselo los agentes. Ello provocó un colapso de los juicios rápidos y al final muchas veces ni se tramitaban las denuncias.

Sin embargo, tras el afán inicial, poco a poco la Policía aflojó la presión a estos colectivos. Desde la Concejalía de Seguridad que dirige el edil Fernando Marcos explican que en el último año apenas se han levantado 10 actas informativas (sin sanción) y 34 actas de denuncia. Solo una de ellas por prostitución y 33 por mendicidad.