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M. HORTELANO
Martes, 8 de septiembre 2015, 01:12
Antonio Montiel, líder de Podemos en la Comunitat, escenificó ayer su toma del control en el proceso de reapertura de la Radiotelevisión Valenciana, sentando a la misma mesa a los representantes de los extrabajadores, con el Consell, con todos los partidos políticos de Les Corts y a las asociaciones profesionales y representantes del sector audiovisual.
El síndic podemista ejerció de anfitrión en un asunto del que ha conseguido despojar al Gobierno valenciano, que se ha inhibido en Les Corts tras la marcha atrás de la formación morada a tramitar de urgencia la Proposición de Ley que tenía previsto derogar la ley que suspendió las emisiones de la antigua RTVV para que retomar la programación el próximo 9 d'Octubre. Pero finalmente, ni ese día dejarán de aparecer las barras que ahora colorean la pantalla, ni por el momento hay establecida una fecha para la reapertura definitiva, nuevo modelo mediante.
Eso sí, ayer Podemos propuso que el Consell reserve dotación presupuestaria para el canal, a pesar de que es más que probable que el próximo año todavía siga cerrado. La idea de Montiel, que recoge así reivindicaciones de las productoras audiovisuales, es dotar de fondos a la futura RTVV a través de las cuentas que estos días elabora Hacienda para que se vayan preparando contenidos. Así, en caso de que se reabra RTVV cuanto antes, habrá programación para emitir de inmediato. Aunque apenas una hora antes, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, había cifrado en más de un millón de euros mensuales el coste que el Consell asume mensualmente por tener RTVV cerrada (mientras se liquida), ya que una parte importante se va a pagar derecho de emisión de películas que no se pueden emitir porque el anterior Gobierno suspendió el derecho de emisiones.
Otro de los puntos de fricción entre partidos es el papel que la plantilla de la radiotelevisión pública debe ocupar en la futura empresa pública. Ayer, Montiel defendió que la readmisión de los extrabajadores RTVV cuando se reabra la cadena dependerá de la decisión de la Audiencia Nacional sobre la legalidad o ilegalidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y de la definición del nuevo modelo del ente público.
A su juicio, la readmisión de los trabajadores no puede ser una decisión «puramente política» porque se trata de una cuestión «jurídica» que tiene que ver con una resolución que «está pendiente».
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