La fiscal reduce el fraude en Terra Mítica a dos millones y retira seis acusaciones

El Ministerio Fiscal ha pedido la retirada de los cargos a seis de los acusados en el juicio sobre Terra Mítica y mantiene 26 acusaciones por un supuesto fraude cometido mediante la emisión de facturas falsas, entre otros medios, en la construcción del citado parque temático de Benidorm.

En sus conclusiones iniciales, presentadas ayer en el juicio que se celebra en la Ciudad de la Justicia de Valencia, la fiscal reduce también a unos 2 millones de euros los 4,4 millones que pedía inicialmente por ese fraude, y ha aumentado la indemnización a Terra Mítica por supuestos trabajos no realizados en el parque a 1.780.000 euros.

En la causa, que se juzga desde el 22 de marzo, se procesa a exdirectivos del parque y empresarios por un supuesto fraude fiscal durante la construcción de Terra Mítica mediante la emisión de facturas falsas, que en su calificación inicial la Fiscalía fijó en 4,4 millones de euros.

Contra los acusados, entre los que están el primer director general, Miguel Navarro; el expresidente del consejo de Administración Luis Esteban; el ex director técnico Antonio Rincón, y el exresponsable de Contratación Justo Valverde, se han descrito cargos contra la hacienda pública, estafa y falsificación de documento mercantil.

Las declaraciones de los procesados concluyeron a principios de mayo y las sesiones prosiguieron hasta mediados de julio con la comparecencia de los testigos.

El juicio, que se reanudó la semana pasada con las últimas pruebas periciales (caligráficas, tasaciones, de ingenieros agrícolas y forenses), se ha retomado hoy con la lectura de las conclusiones finales por parte de la acusación (Fiscalía, Abogacía del Estado y Terra Mítica).

La Fiscalía solicitó ayer como medida cautelar la retirada del pasaporte, por riesgo de fuga, a tres de los acusados: los empresarios Vicente Conesa, para el que pide 28 años de cárcel; Antonio Moreno Carpio (53 años de prisión) y José Luis Rubio (41).

La defensa de Conesa y Moreno han pedido la retirada de esta medida, que ya se solicitó al inicio del juicio, por innecesaria, y han alegado que sus defendidos han estado presentes en prácticamente todas las sesiones del juicio, por lo que «el riesgo de fuga era el mismo hace seis meses que hace seis días».

Del mismo modo, han reprobado las «tácticas dilatorias» por parte de la Fiscalía, que en su opinión han motivado que la conclusión del juicio se haya retrasado de la previsión inicial del mes de julio a octubre.

La jueza, después de escuchar a las partes, anunció que se retiraba a deliberar sobre la petición de esta medida cautelar, de cuya decisión informará por escrito, y ha suspendido el juicio hasta el 30 de septiembre. Si no hay ningún contratiempo, ese día se retomará con la lectura del informe de conclusiones de la Fiscalía.