Piden un año de cárcel a un exalcalde de Orxeta acusado de prevaricación

La Fiscalía solicita provisionalmente un año de cárcel y diez de inhabilitación para cargo público para el exalcalde de Orxeta Vicente Llinares, a quien acusa de un delito de prevaricación por permitir supuestamente la instalación y el desarrollo de la actividad a una fábrica en una parcela vendida por él con anterioridad.

El juicio por estos hechos, que se remontan a finales de 1999, se celebrará la próxima semana en el juzgado de lo Penal 6 de Alicante contra el antiguo regidor socialista y el empresario, el cual se enfrenta a una petición fiscal de dos años de cárcel y una multa por como sospechoso de un delito contra la ordenación del territorio.

Según el escrito de acusación del ministerio público, el administrador de la firma Hormigones Orxeta SL instaló una planta dedicada a la producción de hormigón y la transformación de áridos y tierra en una finca de la partida de Foieta, en esta localidad de la Marina Baixa. El terreno consistía en dos parcelas que estaban calificadas como suelo no urbanizable de especial protección de monte y el empresario carecía de licencia alguna para desarrollar la actividad, aunque esperaba obtenerla en un futuro próximo «de acuerdo con el alcalde», relata el fiscal del caso.

Expediente

De hecho, la mercantil había comprado el terreno al entonces alcalde por 10 millones de pesetas (60.000 euros), de los que adelantó 2 millones (12.000 euros) y comprometió el resto mediante 24 plazos mensuales. Llinares, que presidió la corporación de esta localidad de menos de mil habitantes entre 1983 y 2011, denegó la licencia de actividad a la fábrica en diciembre de 1999 e incoó un expediente de disciplina urbanística por las obras sin licencia.

Sin embargo, el fiscal mantiene que lo hizo solo a efectos formales, pues no adoptó después medida alguna para restaurar la legalidad urbanística, de forma que «incumplió su deber de garante» de la misma, y consintió, por tanto, «las obras de construcción y la actividad industrial».

Un vecino afectado por los trabajos los denunció de forma reiterada, algo que el entonces regidor obvió. Por el contrario, promovió un expediente para reclasificar el terreno a suelo industrial , que fue aprobado provisionalmente por el pleno municipal el 21 de junio de 2000 pero rechazado después por la Generalitat Valenciana.