Más de 2 años de cárcel al funcionario de Aspe que estafó 32.000 euros

El funcionario del Ayuntamiento de Aspe acusado de hacerse con un botín de casi 32.000 euros procedentes de las tasas de expedientes de licencias de obra falsos admitió los hechos ayer en la Audiencia Provincial. Por ello, el tribunal de la Sección Décima impuso al empleado municipal, de 59 años, una pena de dos años y siete meses de cárcel, una multa de 1.200 euros y cuatro años de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con delito continuado de estafa.

Los hechos se remontan a los años 2007 y 2009, cuando el procesado simuló la apertura de expedientes para la construcción de una nave industrial, dos almacenes agrícolas y un restaurante de comida china con el único fin de quedarse el dinero de las tasas. Según ha quedado probado, se aprovechó de la «situación y credibilidad que le daba su condición» de empleado público para elaborar decretos y acuerdos de junta de gobierno falsos y hacer suyas diversas cantidades pagadas por licencias de obra y actividad.

Las partes llegaron ayer a un acuerdo con el que el reo obtuvo una rebaja de la condena inicialmente solicitada por la Fiscalía, de seis años de prisión, pese a apreciarse la agravante de abuso de posición por ser cargo público, pero con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Así, una vez admitió el funcionario sus fechorías, pese a la advertencia del tribunal de que la pena lleva aparejada el ingreso en prisión, el magistrado presidente le leyó 'in voce' el fallo. Con la sentencia, que ya es firme, se establece un calendario de pagos para que los empresarios afectados recuperen el dinero estafado.

Según narraba el Ministerio Público en su escrito provisional de acusaciones, en el que reflejaba el 'modus operandi' del penado, en 2008 elaboró un decreto municipal falso en el que estampó la firma del secretario del Consistorio de Aspe para ingresar en su patrimonio los 1.089 euros correspondientes a una tasa por la prórroga del inicio de unas obras en un polígono de la localidad.

Al año siguiente, se quedó con los 30.049 euros que había abonado otro empresario en un sobre como pago de la licencia para construir una nave industrial en otro polígono, después de rectificar otro documento en el que figuraba un importe cercano a 57.000 euros cuando el contribuyente le advirtió de que éste era excesivo, según la Fiscalía.

Fue precisamente este industrial quien destapó las irregularidades cuando el Ayuntamiento le informó de que la licencia que había solicitado había prescrito por no pagar la correspondiente tasa. Entonces, según fuentes de la acusación particular, las autoridades municipales descubrieron que había medio centenar de expedientes en una situación similar.