Compromiso histórico para salvar el planeta

Un pequeño martillo verde para el clima, un gran paso para la humanidad. Con ese simbólico martillazo, repetido para quedar inmortalizado en la posteridad, el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, clausuró ayer la conferencia sobre el clima que ha presidido desde el 30 de noviembre hasta culminar en un pacto universal sin precedentes desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas que lo ha auspiciado. Un clamor de vítores, aplausos y gritos de alegría saludó al filo de las siete y media de la tarde la aprobación por 195 países del primer acuerdo mundial sobre el cambio climático que compromete a países ricos y en desarrollo en la lucha contra el sobrecalentamiento del planeta.

El histórico Acuerdo de París, adoptado por la aclamación unánime de todas las delegaciones participantes en la conferencia COP21, propone limitar el aumento de la temperatura del planeta muy por debajo de los dos grados centígrados y seguir esforzándose por reducir el aumento de la temperatura a grado y medio. Además, los países en desarrollo recibirán 100.000 millones de dólares como mínimo a partir de 2020, una cifra que será revisada a más tardar en 2025. Las principales organizaciones no gubernamentales hablaron de un hito histórico que hace irreversible la transición a una economía baja en carbono y el abandono de las energías fósiles.

El acuerdo deberá ser ratificado, aceptado o aprobado por un mínimo de 55 países que representen por lo menos el 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) para entrar en vigor en 2020. Pero todo país podrá retirarse una vez transcurridos tres años de su vigencia.

En el capítulo crucial de la temperatura, el acuerdo es más ambicioso que el objetivo inicial de la COP21, que se encaminaba a contener el calentamiento global por debajo de los dos grados centígrados respecto a la era preindustrial. Más allá de esa meta, prevé proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a grado y medio, una reivindicación de los pequeños estados insulares amenazados de verse sumergidos por la subida del nivel de los mares. Se reconoce que ese logro reduciría considerablemente los riesgos y efectos del cambio climático.

Este voluntarismo simbólico y político se ve compensado por la sustancial rebaja en el objetivo de reducción a largo plazo de las emisiones mundiales de GEI. El texto se limita a proponer que las emisiones «alcancen su punto máximo lo antes posible, teniendo presente que los países en desarrollo tardarán más en lograrlo», sin ninguna referencia temporal concreta.

Queda borrado de versiones anteriores el propósito de una merma del 40% al 70% en el horizonte de 2050, como preconiza el Grupo de Expertos Intergubernamental sobre la Evolución del Clima (GIEC) para evitar un desajuste climático incontrolable. Por no hablar de la meta de una reducción del 70% al 95% planteada por los sectores más exigentes. También se eliminan las menciones, presentes en borradores anteriores, al concepto «neutralidad del carbono» al que se oponían grandes productores de petróleo como Arabia Saudí.

Compromisos voluntarios

El objetivo consensuado para la segunda mitad del siglo estriba en alcanzar un equilibrio entre las emisiones de origen humano (como la producción de energía y la actividad agropecuaria) y su absorción de la atmósfera por medios naturales, como los océanos y los bosques, o tecnológicos, como las instalaciones de almacenamiento de carbono. Es decir, se podrá seguir emitiendo GEI siempre que puedan ser capturados y contenidos geológicamente además de ser eliminados por el efecto sumidero de los sistemas naturales.

El documento recuerda el principio de las «responsabilidades comunes pero diferenciadas» consagrado en la convención de la ONU sobre el clima de 1992. Plantea que los esfuerzos deben ser realizados en función de la equidad y estipula que los países desarrollados deben seguir encabezando la reducción de emisiones. Los países en desarrollo, que aún necesitan generar energía con carbón y petróleo, son alentados a orientar sus esfuerzos hacia la realización de recortes. Pero con el matiz de que esa atenuación se hará «a la luz de los diferentes contextos nacionales», una fórmula que tiene en cuenta su nivel de desarrollo.

El escrito insta a los países ricos a respaldar los recortes de emisiones de las naciones en desarrollo. Fija como suelo para saldar la deuda climática del Norte con el Sur un mínimo de 100.000 millones de dólares (91.000 millones de euros) anuales a partir de 2020. De esta manera se deja abierta la puerta al aumento deseado por los países pobres para afrontar la financiación de desajustes como sequías, inundaciones, ciclones y subida de los mares. Además, «un nuevo objetivo colectivo cifrado» de ayuda financiera deberá ser fijado antes de 2025. Sin embargo, excluye toda «responsabilidad o compensación» de los países ricos por los perjuicios sufridos por los países en desarrollo.

Los compromisos nacionales de reducción de emisiones formulados por los estados serán incorporados a un anexo del acuerdo pero no formarán parte de él desde un punto de vista formal. Como son voluntarios, no tendrán valor vinculante. Hasta la fecha, 186 de los 195 países han entregado sus contribuciones de aquí a 2025 o 2030 que, sumadas, ponen al planeta en una trayectoria de sobrecalentamiento de unos tres grados centígrados en comparación con cuatro a cinco si no se hace nada. Se prevé un mecanismo de revisión de esos planes cada cinco años, en teoría a partir de 2025.

En 2018, dos años antes de la entrada en vigor del acuerdo, se organizará un diálogo de facilitación entre todos los países para hacer un balance de sus esfuerzos colectivos y determinar el avance en el logro de su objetivo a largo plazo. La conferencia revisará periódicamente la aplicación del acuerdo para determinar el avance colectivo en el cumplimiento de los objetivos a largo plazo. El primer balance mundial se hará en 2023 y a partir de entonces, cada cinco años.