Las gasolineras amenazan con echar a 4.000 trabajadores si no se regulan las 'low cost'

Los empresarios de las gasolineras de la provincia crearon a principios de año un frente común contra la proliferación de establecimientos sin empleados, la inmensa mayoría de ellos del tipo 'low cost'. Su principal objetivo tras unir los intereses del sector, -los sindicatos mayoritarios y los colectivos de consumidores y discapacitados-, era exigir a la Generalitat una regulación urgente para evitar despidos masivos. Diez meses después, el presidente de la patronal autonómica de la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio, Juan José Sánchez, ya habla sin tapujos de que son inevitables cuatro mil despidos en la región para que el sector tradicional se automatice también y pueda competir en, al menos, similares condiciones.

La proliferación de estaciones de servicio 'low cost', con pocos trabajadores o incluso desatendidas, sin ninguno, ha sido exponencial en los dos últimos años en la Comunitat Valenciana. El fenómeno no cesa. La cadena Gasexpress, con sede en Valencia y con pequeños inversores locales procedentes de la consultora inmobiliaria Inmoking, vieron oportunidad de negocio y planean llegar a cincuenta surtidores con solo un empleado. Acaban de abrir la última en Torrevieja, nueve en Valencia y cuatro en Castellón. Y proyectan otras cuatro en la provincia de Alicante y otra en Valencia en pocos meses.

Los argumentos que esgrime el 'lobby' de gasolineros frente a las 'low cost' son la pérdida de empleo, la competencia desleal, los riesgos sobre seguridad y la escasa calidad en el servicio, incluido el colectivo de discapacitados.

El anterior conseller de Economía, Máximo Buch, ya dejó claro en este diario que la Generalitat no podía prohibir este tipo de surtidores desde un punto de vista de la reglamentación sobre energía e industria, aunque se estudiaría la normativa que afecta al consumidor y al usuario.

Ahora, con el cambio del Gobierno valenciano, la solución ha sido intermedia y solo en el ámbito de la normativa sobre consumo. En opinión de Juan José Sánchez, «un lavado de cara que es absolutamente insuficiente para nuestras reivindicaciones». Al ser conocedor por este diario del cambio introducido en la Ley 1/2011 por la que se aprueba el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana por la vía de la Ley de Acompañamiento (Proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, que se aprobará unos días antes de Navidad), el representante autonómico del sector critica, además, que «no se ha contado con nosotros para nada y a veces una coma en una ley es muy importante, aunque aquí está claro que el Consell no tiene en cuenta, por ejemplo, al discapacitado que no puede ser servido en su coche en horario nocturno».

Se refiere a la disposición adicional de la citada ley por la que la Conselleria de Economía obligará, a partir del 1 de enero, a los surtidores 'low cost' desatendidos que (unos 100 en Alicante y más de 200 en la Comunitat) «disponer de una persona responsable de los servicios que en ellas se prestan al objeto de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley». Eso en el caso de que estén abiertas y en servicio en horario diurno. Nada dice del nocturno, lo que es totalmente rechazado por los empresarios.

«El nuevo Consell debería tomar medidas más amplias, precisamente porque este Gobierno se postula por ser sensible a todo los social, pero hasta ahora no lo demuestra», añade Sánchez. La disposición adicional en la Ley de Acompañamiento afirma, en concreto sobre el colectivo de discapacitados -uno de los centros de reivindicación del frente común creado en febrero por los gasolineros-, que «en el caso de personas con discapacidades físicas, cuando no puedan acceder al suministro en régimen de autoservicio serán atendidas por una persona responsable». Solo hasta que se vaya el sol.