Vaersa gastó 627.000 euros por diversos servicios sin que mediara ninguna factura

El informe de la Sindicatura de Comptes respecto a la gestión de la empresa pública Vaersa -ya bajo investigación judicial- detecta diversas irregularidades que harían sonrojar al más pintado.

En uno de los párrafos del informe presentado ayer en Les Corts sobre las cuentas de 2014, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas autonómicas avisa de que la firma dependiente de la Conselleria de Infraestructuras «ha incurrido en el ejercicio 2014 en gastos derivados de diversas prestaciones de servicios por un importe conjunto de 627.654 euros, que no han reunido los requisitos previstos en la normativa contractual, y de las que además no se formalizaron en su momento los correspondientes contratos». Es decir, que se llevaron a cabo sin que mediara el correspondiente contrato que habilitara el mencionado servicio.

El Síndic detalla en su informe los gastos que suman esos 627.000 euros: 181.000 por el mantenimiento de vehículos todoterreno; 155.000 por las cuotas de renting de los citados vehículos; 108.000 por la adquisición de residuos para las plantas de Náquera y Alicante; 57.000 para las de Alicante y Chiva; 47.000 por la mutua de prevención de riesgos laborales... Pero no solo eso.

El informe de la Sindicatura alerta de que el director general de la Sociedad suscribió «un contrato por un importe de 523.548 euros, cuyo objeto es la prestación del servicio de vigilancia y conserjería en diversas plantas de residuos de Vaersa, sin que esté facultado para ello, ya que por razón de su cuantía el órgano de contratación era la consejera delegada».

La Sindicatura de Comptes también ha detectado diversos incumplimientos en los procesos de contratación de la empresa pública Vaersa, así como en las encomiendas de gestión realizadas a esta sociedad dependiente de la Generalitat durante el año pasado, informa Efe.

Según el informe, los procesos de contratación no garantizan los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, ya que se prioriza la contratación de extrabajadores y, en el caso de encomiendas recurrentes, se renuevan los contratos temporales de la que finaliza.

Cuando finaliza una encomienda recurrente, el personal pasa de forma automática a la siguiente, sin realizar procesos selectivos nuevos, lo que les convierte en personal indefinido e implica que se generan unos derechos de despido reconocidos por la jurisprudencia. El año pasado Vaersa tuvo vigentes 226 enmiendas por un importe superior a los 77,5 millones, de las que 49 millones correspondían a encomiendas de servicios, y 28,4 millones a obras y proyectos.

Del total, 118 encomiendas corresponden al año 2014, por un valor de casi 46 millones, mientras 83 provienen de 213, por unos 17 millones, y 25 corresponden al año 2012 y anteriores, por un importe de unos 14,5 millones de euros.

Al Tribunal de Cuentas

Por otra parte, Cacsa también se convirtió ayer, a su pesar, en una de las empresas públicas protagonista del informe. El máximo responsable de la institución, Rafael Vicente Queralt, anunció que ha trasladado al Tribunal de Cuentas los indicios de «irregularidad» advertidos en la tramitación de un contrato de Cacsa con una consultoría para la externalización de los servicios del complejo, por valor de unos 10.500 euros. No solo eso, en otro apartado del informe, detecta la falta de diligencia, por parte de los órganos responsables de Cacsa, al no haber actuado antes frente al operador del Oceanogràfic, Parques Reunidos, por el incumplimiento del contrato suscrito por ambos en 2002.

El Síndic explicó ayer que su institución notificará a la fiscalía del Tribunal de Cuentas la posible existencia de pagos realizados por la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) sobre los servicios de consultoría para la externalización del complejo «sin haber recibido en su totalidad la prestación correspondiente», informa Efe.

La Sindicatura detecta «una anomalía» o «salvedad importante» referida al contrato de servicios de consultoría para la definición de las condiciones de externalización del complejo. Según el informe, en junio de 2014 se dieron por concluidos los trabajos objeto de ese contrato, suscrito en noviembre de 2012, así como los servicios de apoyo durante la licitación y redacción del contrato, y se determinó el pago del importe pendiente, por valor de 10.500 euros, IVA excluido.

Pese a que el contrato indicaba que Cacsa debía determinar que la prestación del servicio se había hecho con conformidad, y que el pago de los 10.500 euros se haría tras la firma del acta de conformidad, dicha acta no consta en el expediente. Además, el documento de conclusión de los trabajos señala que los servicios de apoyo a Cacsa durante la licitación y redacción del contrato de externalización «no han sido prestados por retrasos debidos a requerimientos de Cacsa que no han podido ser asumidos por el contratista».

Adicionalmente, señala la Sindicatura, el 2 de julio de 2014 Cacsa formalizó con la misma empresa un contrato «indebidamente calificado de servicios complementarios», por el 50% del contrato anterior, para definir las condiciones de externalización adaptadas a las indicaciones de la dirección general de Patrimonio. En ese contrato se excluyen expresamente los servicios de apoyo durante la licitación y en la redacción del contrato de externalización, que formaban parte de las necesidades planteadas por Cacsa en el proceso negociador, sin que esa reducción de las actuaciones objeto de contrato hayan supuesto una reducción del precio.