Puig exigirá responsabilidades legales al Consell del PP por la multa de la UE

Ximo Puig ya anunció en Les Corts en el mes de febrero que la Abogacía de la Generalitat estudiará interponer demandas de responsabilidad civil contra aquellos gerentes de empresas públicas (tales como Ciegsa o Cacsa) a los que se les pudiese denunciar por una gestión temeraria o manirrota. Ayer, el jefe del Consell aseguró que no tiene intención de pagar la multa que la UE impuso a España por la ocultación de 1.800 millones en gastos computables a efectos del déficit llevada a cabo por los anteriores Consell de Francisco Camps y Alberto Fabra durante los ejercicios 2008 a 2011.

El Consejo de Ministros aprobó este pasado viernes repercutir a la Comunitat la multa de 18,93 millones de euros. Durante la mañana de ayer, Puig se reunió con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y la titular de Justicia, Gabriela Bravo, con el fin de trazar una estrategia para evitar hacerse cargo de una sanción que el presidente considera que recae sobre los hombros de los valencianos porque el Consell de los populares actuó «en connivencia» con el Gobierno central, ambos gobernados por el PP.

Puig considera que, o paga el Ejecutivo (por ser España la socia de la UE, y no la Generalitat como Administración autonómica), o la sanción deben asumirla los anteriores gestores públicos del Consell. El jefe del Consell cargó ayer duramente contra el Ejecutivo de Rajoy, al que criticó por no asumir decisiones en materia del sistema de financiación «por estar en funciones», si bien el ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro, «para endosar las multas a los valencianos, sí está operativo».

«La última acción del Gobierno de España va directamente contra los intereses de los valencianos», consideró ayer Puig, para quien la repercusión de la multa es «un caso más deslealtad institucional profunda» porque en todo el proceso no se ha informado a la Generalitat, y el actual Consell ha «recibido un castigo, del que nada tiene que ver».

Respecto a la denuncia contra los populares valencianos que gestionaron el Consell en la etapa durante la que se produjo la ocultación de los gasto, «se estudian las posibilidades para, legalmente, hacer llegar la responsabilidad a los que han sido coautores de esta situación», relató Puig, quien apuntó la intención del actual Consell de «identificar» a quienes tuvieron la responsabilidad, tanto de ocultar el gasto como de no investigar qué había pasado.

María José Rodríguez, la directora general de la Abogacía de la Generalitat, aseguró ayer que «cabía la posibilidad de exigir una responsabilidad contable, en cuyo caso el órgano competente sería el Tribunal de Cuentas, o bien por un alcance e incluso llegar a una posible malversación contable» y anunció que la próxima semana tendrán el informe jurídico al respecto. «Son dos vías, una la interposición del recurso por el acto que emana del Consejo de Ministros y otra de carácter interno, que es la exigencia de esa responsabilidad. Lo estamos estudiando», especificó Rodríguez.

Puig evita pronunciarse

El presidente de la Generalitat demostró ayer que sabe perfectamente la tensión que genera entre los miembros del Consell de diferente partido (PSPV y Compromís), así como por parte de los sindicatos (Intersindical, enfrentado a UGT principalmente) la proposición no de ley (PNL) presentada por Compromís para que Les Corts insten al Consell a modificar la Ley de la Función Pública Valenciana con el fin de que se exija a los funcionarios hablar en valenciano. Puig consideró que hay que «garantizar» que los ciudadanos de la Generalitat «sean atendidos en las dos lenguas. ¿Cómo? Desde el diálogo», comentó el jefe del Consell, sin querer desvelar cuál es su preferencia, si exigir el requisito lingüístico o no».