Anticorrupción pide 16 años de cárcel para Joaquín Ripoll

La acusación de la Fiscalía Anticorrupción deja al descubierto, aún más si cabe, la presunta trama de las basuras instaurada en la provincia de Alicante durante la etapa de José Joaquín Ripoll al frente de la Diputación de Alicante con la adjudicación del contrato para gestionar el Plan Zonal XVII, el que agrupa a la Vega Baja. Para el expresidente de la institución provincial, el Ministerio Público reclama hasta 16 años de prisión y 44 de inhabilitación por hasta seis delitos: cohecho continuado, información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Mientras, los empresarios que supuestamente se repartieron la obtención de beneficios con la adjudicación, Enrique Ortiz (Cespa - Ortiz) y Ángel Fenoll (Proambiente), se enfrentan cada uno a 17 años entre rejas por acusaciones similares. En total, las penas solicitadas para los trece acusados entre responsables políticos, técnicos e industriales en el marco de una de las principales piezas del 'caso Brugal' suman más de 129 años de cárcel.

El fiscal concluye que Ripoll, para quien reclama una multa de un millón de euros, se prevalió de su posición como presidente provincial para licitar a favor de los empresarios Fenoll, para quien solicita un castigo económico de igual cuantía, y Ortiz, al que le reclama una multa de 300.000 euros. Fueron necesarias abundantes modificaciones para cocinar un contrato a medida trufado de irregularidades, y que le hubiese reportado al antiguo presidente un millón de euros, de no ser porque la operación no llegó a buen término por la falta de entendimiento entre los industriales, según la Fiscalía. De lo que supuestamente sí disfrutó Ripoll fue de unas vacaciones en yate por el Mediterráneo con todos los gastos pagados.

A ojos de Anticorrupción, también forman parte de la trama la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente y el exportavoz del PSPV-PSOE en la Diputación Antonio Amorós. Sobre ellos recaen acusaciones similares, pero con un grado de participación menor. El fiscal pide cuatro años y nueve meses de prisión tanto para la popular como para el socialista.

La participación de la exalcaldesa oriolana resulta clara para el acusador, pues podría «obstaculizar cualquier tipo de acuerdo», pero hubiese supuesto un varapalo mediático para Ripoll en la capital de la Vega Baja, por lo que supuestamente optó por auspiciar los planes de la trama.

La juez de Primera Instancia 3 de Orihuela dio el primer paso a comienzos de febrero pasado para enviar al banquillo a los trece acusados por la supuesta trama corrupta y ahora el fiscal concreta a cada uno de los protagonistas su presunta participación. Sin embargo, las pesquisas se iniciaron en el año 2006 después de que Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela que ponían de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras.

El sumario del conocido como 'caso Brugal' se desgajó en piezas como la que afecta al urbanismo de la ciudad de Alicante en los casos 'PGOU' y 'Rabasa' o esta del Plan Zonal por la que se investiga la adjudicación del contrato de las basuras y que pronto se enviará a juicio en la Audiencia Provincial.

Entretanto, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, bajo la dirección de Anticorrupción y el juzgado de Orihuela, recabaron horas y horas de conversaciones de los procesados hasta que en julio de 2010 lanzaron el operativo para detener a los principales implicados.

Los pasos dados por los protagonistas en la causa del Plan Zonal se remontan al año 2007, cuando Proambiente SL, de Fenoll, pujó con fuerza por hacerse con la planta de residuos que el consorcio, integrado por 27 municipios, tenía planeado instalar en Orihuela.

Sin embargo, la UTE Cespa-Ortiz, comandada por Enrique Ortiz, tenía todas las papeletas para hacerse con el contrato millonario. Fenoll lo supo, pese a no ser público, y de ahí surgió la alianza fallida para repartir beneficios de un negocio redondo gracias a sobrecostes y amaños presuntamente gestados desde la Administración pública, tal y como relata el fiscal Felipe Briones en su escrito provisional de calificación.

No obstante, durante varios momentos de las «mendaces negociaciones», tal y como las califica el fiscal, el dueño de Proambiente estuvo cerca de llevar a los tribunales a Ortiz ante sus intentos por construir el vertedero en suelo más asequible. El industrial oriolano además veía peligrar el monopolio de las basuras del que gozaba con su planta de tratamiento en la vecina Abanilla. Pese a emplazarse en Murcia, la instalación le valía para trasladar los residuos de buena parte de los municipios del Plan Zona XVII.

En medio de la trama, centrada en el interés de Fenoll por vender a Ortiz su finca y la gestión de la planta por el dueño del Hércules CF, subyacen pequeños argumentos con actores secundarios empeñados en sacar su parte de las arcas públicas. Destacan intermediarios como Rafael Gregory (al que piden 14 años de cárcel), amigo personal de Ripoll y los empresarios o una Mónica Lorente aupada por Ángel Fenoll a la Alcaldía de Orihuela, todo siempre según la versión de la Fiscalía.

Para ello, los empresarios celebraron reuniones, «siempre a espaldas del Consorcio pero no de un máximo representante», tanto en hoteles de renombre de Alicante como en cafeterías, restaurantes de postín, clubes de golf o en la misma sede del Hércules Club de Fútbol. Ortiz y Gregory también llegaron a coincidir en 2008 en la vacaciones de Andorra, según recogen las investigaciones recabadas por los agentes especialistas contra la corrupción.

Incluso se cruza en la gestión provincial de las basuras de la Vega Baja la venta de un canal de televisión. De hecho, la acusación pública sostiene que la gestión de Fenoll en Canal 37, la cadena que le endosó Ripoll para que la saneara y mantuviera como «instrumento político», fue el motivo por el que el expresidente provincial se apartó del empresario oriolano y se puso en manos de Ortiz, con quien a partir de entonces compartiría entrañables viajes de trabajo en el yate Elena.

Pese a todo, el acuerdo iba a resultar beneficioso para todos: Ortiz ganaba una concesión de dos décadas y Fenoll vendía por doce millones de euros unos terrenos que no costaron ni 450.000 euros. Pero para ello mediaban, además de Gregory, empresarios como José Candel, el hijo de Fenoll o Manuel Garriga, en unas negociaciones cargadas de presiones y amenazas.

Según señaló Ripoll en la propuesta hecha en la Comisión de Gobierno del Consorcio en junio de 2008, se eligieron los terrenos de Fenoll en aras del «interés público». Si bien alegaba entonces el imputado que se debía modificar el emplazamiento de la planta por interés general, prefería ocultar que el cambio encarecería un 10% del canon a pagar por los ayuntamientos. Por ello, concluye el fiscal que los acusados eran conscientes del perjuicio al Consorcio.