Los municipios reducen cien millones su deuda en cuatro años

Las haciendas locales comienzan a salir, con esfuerzo y muy poco a poco, de la situación de estrangulamiento financiero en el que llevan instaladas ocho años, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria que se llevó por delante buena parte de los ingresos que recaudaban por actos jurídicos, transmisiones, IBI y demás tasas relacionadas con el boom de la construcción. La herida que ha dejado todavía en las arcas públicas de la provincia es de 828 millones de euros, según la deuda viva a 31 de diciembre de 2015 que hizo pública ayer el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede parecer mucho, sí, pero es sensiblemente inferior a los 928 millones de euros que los consistorios debían cuatro años antes, en plena recesión.

Son cien millones de euros menos que suponen en muchos años un alivio considerable y que ahora permiten remontar el vuelo en forma de inversiones públicas o servicios sociales en las poblaciones.

Es cierto que no todos se han comportado igual de bien, según la estadística. En cuanto a deuda per cápita llama la atención la situación de Daya Vieja, donde cada uno de sus 688 habitantes debe 4.260 euros. Durante la crisis, no hizo más que aumentar su deuda hasta que el año pasado comenzó a bajarla.

Pasó de 457.000 euros en 2008 a 3.332.000 cuatro años después. En un solo ejercicio, el del 2011, pasó de 849.000 a esos más de tres millones de euros que han lastrado al Consistorio de la Vega Baja desde entonces. Fue el penúltimo año electoral. En todo este tiempo ha gobernado el Partido Popular la localidad.

Es un caso paradigmático entre los municipios con menos de un millar de habitantes. Le siguen Finestrat (2192 euros/habitante); Bigastro (1693); Calpe, el pueblo regido por el presidente de la Diputación, César Sánchez (1579) y Monforte del Cid (1.175).

Entre las poblaciones con más de 40.000 habitantes, la capital turística de la Costa Blanca, Benidorm, es la que más tiene. El exalcalde socialista, Agustín Navarro, dejó la deuda de la ciudad en 1.138 euros por habitante a final del pasado ejercicio, cuando a mitad le relevó el popular Toni Pérez. Es el único que se eleva por encima del millar, puesto que después viene Dénia (706), Torrevieja (658) y Elche (516).

Curiosamente, la capital provincial es uno de los municipios que menor deuda per cápita tiene entre las poblaciones con más de 40.000 habitantes, 362 euros por alicantino. En global, todavía tiene que enjugar 118 millones de euros, aunque el esfuerzo del último equipo de gobierno popular fue ímprobo. Se redujo en 31 millones de euros en cuatro años, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Sin embargo, el tripartito que gobierna la capital provincial todavía se encuentra encajonado por el plan de ajuste hasta 2017, gracias al cual se ha permitido reducir la deuda a costa de menos inversiones, que no permite aumentar el gasto más allá de los ingresos. Es decir, el equilibrio presupuestario.

Planes de ajuste

Es un caso similar al de Elche, segunda ciudad de la provincia y segunda con mayor carga financiera en contra con 117 millones de euros pendientes de pago, lo que supone 516 euros por habitante, bastante más que Alicante. No obstante, el esfuerzo financiero del plan de pago a proveedores del último gobierno municipal popular, con Mercedes Alonso a la cabeza, ha permitido reducir en 30 millones de euros esta carga. Ahora, el alcalde socialista, Carlos González, podrá salir de los condicionantes que impone el Ministerio porque no supone el 75% del presupuesto local.

Entre medios de los dos se encuentra Orihuela, con 459 euros de deuda por cada uno de sus 82.675 habitantes. En este caso, ni las cifras globales ni el esfuerzo han sido tan considerables como en las otras dos ciudades: 37 millones de euros, con una reducción de casi cinco en la legislatura con Monserrate Guillén como alcalde.

No ha sido el caso de todos los ayuntamientos que hayan reducido la deuda en lo peor de la crisis. Otros han optado por aumentarla para invertir más en sus municipios, creyendo que así facilitaría la vida a sus habitantes.

Municipios como Novelda o la propia Finestrat aumentaron en más de diez millones de euros la deuda, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En Calpe, por ejemplo, se aumentaron en ocho millones de euros. No obstante, los calpinos decidieron renovar la confianza en César Sánchez.

Por contra, llama la atención de municipios como San Vicente del Raspeig, que bajo la dirección de la popular Luisa Pastor, enjuagó en once millones su deuda, pasando de más de veinte a ocho.

Una buena gestión, pero a la que hay que poner por delante a los municipios que mantienen una deuda cero a 31 de diciembre. No son pocos y no son pequeños municipios. Localidades como Xixona, con Ferran Verdú primero e Isabel López después, El Campello, Rojales, Castalla o Cox tienen el contador a cero a 31 de diciembre.