Piden 6 meses de cárcel a un exalcalde de Orxeta por prevaricación

La fiscalía ha solicitado hoy una condena de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para el exalcalde socialista de Orxeta Vicente Llinares por un delito de prevaricación.

El ministerio público considera que Llinares supuestamente permitió la instalación y actividad de una fábrica ilegal de hormigón en un suelo que él mismo había vendido a la empresa, según han informado a EFE fuentes de la propia fiscalía.

La vista oral por estos hechos, que se remontan a finales de 1999, cuando el procesado presidía la corporación municipal, ha quedado vista para sentencia en el juzgado de lo Penal 6 de Alicante.

Además del antiguo primer edil, en el banquillo de los acusados se ha sentado también el administrador de la empresa hormigonera, Hilario C.M., para el que la acusación pública ha pedido tres meses de prisión y el pago de una multa por un delito contra la ordenación del territorio.

El fiscal del caso ha aplicado al antiguo político la atenuante de dilaciones indebidas debido al retraso en la tramitación del procedimiento, por lo que ha rebajado su petición de condena para él en seis meses de cárcel y tres de inhabilitación.

Al empresario, para el que esta parte pedía inicialmente dos años de cárcel, le ha aplicado la misma atenuante, así como la de reparación del daño, ya que ha restaurado "parcialmente" la legalidad urbanística vulnerada, según las mismas fuentes.

Los hechos comenzaron a finales de 1999, cuando la empresa Hormigones Orxeta SL instaló una planta dedicada a la producción de hormigón y la transformación de áridos y tierra en una finca de la partida de Foieta.

Una parte de este terreno estaba calificado como suelo no urbanizable de especial protección de monte, y el empresario carecía de licencia alguna para desarrollar la actividad, aunque esperaba obtenerla en un futuro próximo "de acuerdo con el alcalde", según la versión del fiscal.

De hecho, la mercantil había comprado el terreno a Llinares por diez millones de pesetas (60.000 euros), de los que adelantó dos (12.000 euros) y comprometió el resto mediante 24 plazos mensuales.

Llinares, que presidió la corporación de esta localidad de menos de mil habitantes ubicada en la comarca de la Marina Baixa entre 1983 y 2011, denegó la licencia de actividad a la fábrica en diciembre de 1999 e incoó un expediente de disciplina urbanística por las obras sin licencia.

Sin embargo, lo hizo solo a efectos formales, pues no adoptó después medida alguna para restaurar la legalidad urbanística, de forma que "incumplió su deber de garante" de la misma y consintió, por tanto, "las obras de construcción y la actividad industrial", de acuerdo con la acusación pública.

El exalcalde se ha negado a contestar hoy a las preguntas del fiscal, según han informado las fuentes consultadas, pero durante el interrogatorio de su propio abogado ha mantenido que pensaba que la fábrica iba a resultar beneficiosa para el municipio.