Grisolía (presidente del CVC), garrido (presidente del CJS y el expresidente Camps.

PP y PSPV pactan que los expresidentes de la Generalitat entren en el CJC tras dejar el cargo

Los grandes partidos y Compromís aprueban al margen de Podemos que los privilegios para los exjefes del Consell retengan la oficina, el coche y los asesores

BURGUERA

Sábado, 18 de junio 2016, 00:33

Podemos experimentó ayer los rigores del parlamentarismo, del que fue víctima su propuesta de modificación del Estatuto de los Expresidentes. En su momento, los podemistas recibieron el beneplácito de sus socios del Pacto del Botánico (PSPV y Compromís) para impulsar la iniciativa de recortar los privilegios a los expresidentes de la Generalitat. Posteriormente, las intenciones de Podemos se fueron recortando, ante lo cual, uno de sus dirigentes resumió ayer con un: «Los de siempre defendiendo lo de siempre». No se utiliza el término 'casta', pero casi. Los podemistas forzaron a que se reuniese ayer en Les Corts la comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat. La portavoz adjunta del partido morado en la Cámara, Fabiola Meco, reprochó hace dos semanas al presidente de la comisión, el socialista Alfred Boix, que le diese largas para no convocar la reunión que, finalmente, se celebró ayer y donde se produjo aquello que desde Podemos se temía y, a la vez, se consideraba como el motivo de que los comisionados no se reuniesen: la votación conjunta del PSPV y PP para mantener inalterable el derecho de los expresidentes a ser miembros natos (sin proceso de elección, por ingreso directo) del Consell Jurídic Consultiu.

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  • Rendir cuentas.

  • Los expresidentes de la Generalitat deberán informar una vez al año sobre las actividades propias de su cargo

  • .

  • Revocación.

  • Podrán ser revocados en sus funciones, incluida su pertenencia al CJC, si son condenados en firme por un tribunal

  • .

  • Beneficios.

  • Mantienen la oficina, el coche y los dos asesores, si bien uno de ellos deberá ser funcionario de la Generalitat.

Igualmente, socialistas y populares, junto con los nacionalistas de Compromís, pactaron contra la opinión de Podemos no alterar demasiado la Ley del Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat, de modo que se mantuviese el beneficio de «una oficina, dotación presupuestaria para su mantenimiento, un vehículo del parque móvil y dos asesores de los que al menos uno será personal al servicio de la Generalitat», según criticó ayer Podemos en un comunicado.

Los expresidentes de la Generalitat sí deberán informar una vez al año sobre las actividades propias de su cargo, algo novedoso, si bien el principal cambio respecto a la normativa actual es que los que fueran jefes del Consell podrán ser revocados en sus funciones, incluida su pertenencia al Consell Jurídic Consultiu, si son condenados en firme por un tribunal. Un tercio de los diputados de Les Corts podrá proponer la revocación.

En el paso previo antes de ratificarse los cambios en el pleno de Les Corts, la comisión de Coordinación aprobó varias modificaciones de la ley, que ahora pasará por la Cámara valenciana para su definitiva vigencia.

El estatus de miembros 'natos' del Consell Jurídic Consultiu que la ley atribuye a los expresidentes es un punto que desde hace meses se lleva negociando por parte de los cinco partidos con representación en Les Corts. Podemos, desde el principio, Compromís, por afinidad al partido morado, y Ciudadanos, por desapego al órgano estatutario que pretende eliminar, querían suprimir ese acceso directo al CJC. Ser miembro 'nato' da derecho a los expresidentes a permanecer en la institución consultiva hasta 15 años si han ocupado la jefatura del Consell durante, al menos, una legislatura completa (José Luis Olivas no podría acceder a ese privilegio), un beneficio que se pretendía eliminar, lo cual ha sido rechazado por PP y PSPV.

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Los cambios legislativos aprobados ayer no afectan a ninguno de los cinco expresidentes a no ser que cambie su situación personal, momento en el que ya se les aplicaría el nuevo estatus. Entre las modificaciones aprobadas se introduce la necesidad de que al menos uno de los dos empleados al cargo del expresidente sea funcionario y se reduce el uso de un automóvil del parque de la Generalitat sólo a su actividad como expresidente. El uso de estos medios (local, personal y automóvil) será incompatible con el desempeño de cualquier otro cargo, y todos los expresidents deberán dar cuenta de su actividad una vez al año mediante un informe.

La posición del PP en el debate ha sido defendida por José Juan Zaplana, quien agradecoçp a los grupos el hecho de que se hayan abstraído de los nombres a la hora de plantear estos cambios, ya que «legislamos para cinco personas. Si el expresidente es funcionario no tendrá problema porque volverá a su actividad, pero si va a una empresa privada le llamaremos puerta giratoria. Entendemos que la pertenencia al Consell Jurídic Consultiu es importante es sí misma, por la experiencia que da el cargo».

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El síndic del PSPV, Manolo Mata, coincidió en señalar que «la política favorece a funcionarios, ricos y ladrones. Los primeros volverán a su puesto y para los ricos es muy divertido. Hemos de considerar que los expresidentes son honorables mientras no se demuestre lo contrario. Hay que permitir que tengan labores más allá de su presidencia, aprovechar sus relaciones sociales».

Para Mireia Mollà, de Compromís, consideró que «es una lástima» que los grupos mayoritarios no hayan considerado la posibilidad de eliminar a los expresidentes como miembros natos del CJC, un órgano del que «no se puede prescindir», pero «en el que no tiene cabida un expresidente. Camps no ha podido hacer más para empeorar la imagen del CJC. Que se le reserve ese espacio no hace más que ahondar en el descrédito».

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