Una sentencia obliga al Ayuntamiento a abonar el proyecto del Sector IV

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Elche obliga al Ayuntamiento de Albatera a sufragar los costes que generó la redacción del proyecto urbanístico del Sector IV. Esta actuación sirvió para que la administración local pudiera contar con un solar habilitado para su cesión a la Generalitat Valenciana, que prometió la construcción de un centro de Educación Primaria.

Lo Contencioso estima un recurso interpuesto por la Agrupación de Interés Urbanístico de este sector en contra del Ayuntamiento en 2009, fecha en la que se aprobó el plan especial urgente para la construcción de un nuevo centro escolar ante la falta de aulas del Colegio Cervantes y las necesidades que arrastraba el municipio para evitar la implantación de aulas prefabricadas en este.

Los dueños de las parcelas que se ubican entre la calle Orihuela y la extensión de la Avenida de la Libertad, la calle La Cruz, adelantaron un dinero para ejecutar el plan parcial, pero el proyecto se retrasó durante la friolera de siete años, ya que fue en 2002 fue cuando se iniciaron las negociaciones entre la administración local y los propietarios del suelo, que presentaron un recurso para rescindir el convenio acordado con el equipo de gobierno.

El juez Salvador Bellmont ha fallado en favor de la agrupación urbanística que presentó un recurso en primera instancia en la casa consistorial que fue denegado a través de un decreto de Alcaldía. Por ello, para resolver el convenio urbanístico suscrito en 2006 y ratificado por el Pleno en 2007 los afectados buscaron la vía judicial. Ahora Lo Contencioso da la razón a los vecinos que no han visto la manera de poder aprovechar los terrenos recalificados ya que fueron catalogados como de uso educativo y del que no pueden disponer.

En otra circunstancia se encuentra los dueños de la parcela con más de 13.000 metros cuadrados sobre la que se propuso crear un centro de tres líneas educativas. Los dirigentes municipales quedaron en aprovechar la ocupación de este suelo a cambio de ceder en un futuro terreno municipal en uno de los sectores urbanísticos por desarrollarse.

Cabe recordar que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) también se encuentra enquistado y no se ha podido dar forma a la idea iniciar de realizar una ampliación concéntrica del casco urbano ni tampoco compensar a los dueños del terreno que cedieron el suyo con la idea de recuperarlo en otra parte del centro urbano. El municipio tiene dos problemas urgentes por resolver desde hace años, uno es la falta de suelo terciario y otra es la regularización de las viviendas diseminadas en diferentes puntos de la sierra, que en algunos casos carecen de todos los servicios necesarios.

En lo que respecta al plan especial del colegio este se finalizó y no se ha urbanizado ninguna de las parcelas que han quedado en esta zona del municipio. El Consistorio sí que llegó a ceder el espacio dotacional a la Conselleria de Educación, que ante la falta de financiación dejó el proyecto aparcado. Por el momento no existe un fecha en esta legislatura prevista para que se pueda levantar el reclamado edificio educativo.

En lo que respecta a la sentencia el equipo de gobierno bipartito tiene quince días para presentar un recurso de apelación, si bien ayer la alcaldesa, Rosario Ballester, no tenía constancia del fallo judicial. La sentencia no es firme y tampoco condena a la administración local a pagar costas.